El Gobierno continúa su ofensiva contra la Xunta de Galicia por atribuirse competencias costeras que, a su entender, interfieren en las del Estado. De esta forma, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023 -Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas- y suspende, por lo tanto, dichos preceptos relativos a la normativa del litoral.
El recurso admitido a trámite fue presentado el 28 de septiembre y pocos días después, hace apenas dos semanas, el Gobierno decidió presentar ante el Tribunal de Garantías otro informe dirigido a “tumbar” buena parte (31 de los 73 artículos) de la Ley Autonómica del Litoral de Galicia, aprobada recientemente. La primera de dichas reclamaciones se centra en los artículos 10 y 11, cuya aplicación queda suspendida hasta que el TC resuelva las cuestiones planteadas.
Choque legislativo
En concreto, los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley de acompañamiento limitan a un plazo de 15 años el plazo de obligación de restitución de obras ilegales en zona de dominio público marítimo-terrestre y abre la puerta a su regularización tras ese periodo, lo cual choca, según el Gobierno, con la legislación estatal. La explicación del Ejecutivo incide en el hecho de que la regulación autonómica podría vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico de dicho dominio y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente costero.
A este 'rapapolvo' jurídico se sumó, hace pocos días, otro de mayor calado, por el cual el Gobierno socialista pretende reducir a la mínima expresión el contenido de la Ley Autonómica del Litoral a través de otro recurso ante el TC al estimar que buena parte de los artículos reducen la protección en el dominio público marítimo terrestre del Estado y atribuyen a la Xunta competencias que no le corresponden. La respuesta del Partido Popular de Galicia ha sido muy dura y afirma que la nueva norma, aprobada el pasado 6 de julio, “no va contra la Constitución ni va contra la Ley de Costas”, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de la región en base a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. En este sentido, la vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda señaló que a lo largo de su tramitación ni el Observatorio del Litoral ni ninguno de los expertos letrados consultados advirtió sobre trazo alguno de inconstitucionalidad. Ángeles Vázquez recordó, además, que durante los trámites parlamentarios no se registró ni un solo voto en contra.
Riesgo de inseguridad jurídica
El Gobierno gallego teme que el recurso gubernamental incidirá de una forma muy negativa en la economía gallega, especialmente porque crea mucha inseguridad jurídica y corta de cuajo atractivos proyectos que podrían generar numerosos puestos de trabajo.
Para entender la “guerra costera” que mantienen Madrid y Galicia hay que remontarse a mayo de 2021, fecha en la que entró en vigor la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, muy discutida por la Xunta al estimar que supone una grave amenaza para la continuidad de numerosos enclaves tradicionales e industrias asentadas desde tiempos remotos en la franja costera, entre ellas las relacionadas con el sector conservero. Este temor animó al Gobierno gallego a impulsar una ley propia que permitiese a la Xunta asumir más competencias en la ordenación y gestión de su propio litoral, pero el Gobierno central no vio con buenos ojos dicha iniciativa y tomó la decisión de recurrir ante el TC. ¿Acabará alguna vez este “culebrón” costero? De momento, todo indica que va para largo. Para muy largo.
