El Consejo Fiscal augura un denso cónclave este martes por la posible incompatibilidad de Dolores Delgado para ejercer como fiscal de Memoria Democrática. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, afronta la reunión pendiente de resolver primero las recusaciones planteadas por la que fuera su exjefa contra tres de sus integrantes para así desactivar cualquier pronunciamiento contrario a ella.
Fuentes del Consejo consultadas por Vozpópuli precisan que García Ortiz ha comunicado a los vocales que resolverá sobre las recusaciones a tres de ellos en el Consejo Fiscal previsto para este martes. De esta forma se abre un nuevo frente en el órgano puesto que los vocales de la Asociación de Fiscales y el de la APIF entienden que es el Consejo el que tiene la potestad para resolver sobre las recusaciones, al tratarse de un órgano colegiado soberano.
García Ortiz convocó este Consejo después de que el Tribunal Supremo tumbara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Este pronunciamiento se produjo cuando el alto tribunal ya había anulado su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal al ser designada como fiscal de Sala de lo Militar. En ese caso, los magistrados explicaron que García Ortiz cometió "desviación de poder" con su designación y anuló la misma.
El nombramiento de Dolores Delgado
Sin embargo, dicha resolución no tuvo efectos prácticos para Delgado porque para entonces ya estaba ejerciendo como fiscal de Memoria Democrática; nombramiento que también anuló el alto tribunal el pasado mayo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo expuso entonces que el Consejo Fiscal debía haberse pronunciado primero sobre si concurría causa de incompatibilidad para el cargo por las actuaciones que ejerce su entonces pareja y ahora marido, Baltasar Garzón.
Cabe recordar que el Consejo en el cual García Ortiz propuso a su jefa para el cargo se convirtió en un polvorín después de que se impidiera a los vocales suspender el mismo para determinar si Delgado era o no compatible para optar a la plaza. Los seis vocales de la mayoritaria AF y el de la APIF advirtieron que la competencia para suspender el encuentro era del Consejo y no suya y que el nombramiento sería "nulo de pleno derecho".
Los siete vocales, que se abstuvieron en señal de protesta, calificaron la actuación del fiscal general de "maniobra" y llevaron el nombramiento al Supremo, consiguiendo de esta forma que se les diera la razón. El fallo, de hecho, determina que había "indicios" de que la exfiscal general del Estado "podía verse afectada por esta prohibición".
Por ese motivo, no solo anuló el Real Decreto de su designación, sino que ordenó que se convocara de nuevo el Consejo Fiscal con cierta urgencia para deliberar si, a tenor de lo recogido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Consejo Fiscal, existe conflicto de intereses entre Delgado y la actividad de Baltasar Garzón en su fundación FIBGAR, dedicada a luchar contra la impunidad de crímenes lesivos y a la defensa de los Derechos Humanos.
El criterio de García Ortiz
En ese sentido, García Ortiz convocó al Consejo Fiscal para este martes para decidir acerca de su posible incompatibilidad. Con todo, Dolores Delgado cogió la delantera y recusó a tres vocales del Consejo al considerar que deben apartarse de la deliberación. Se trata de la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez; del fiscal adjunto de Protección de Datos en Asturias, Miguel Rodríguez Marcos y del fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada.
Las fuentes consultadas entienden que las recusaciones dirigidas contra los dos vocales de la Asociación de Fiscales y el tercer último de la APIF buscan desactivar cualquier pronunciamiento contrario para Dolores Delgado, ya que si ellos participan en la deliberación es probable que se imponga el criterio mayoritario del Consejo (que, tras las últimas elecciones, perdió la mayoría progresista) y, por tanto, Delgado quede fuera de optar a la plaza.
Cabe recordar que el Consejo Fiscal lo integran tres miembros natos y otros nueve vocales elegidos por elecciones. En ese sentido, Delgado tiene asegurados los votos de los miembros natos y también de dos vocales de la asociación a la que es afín, la UPF.
El asunto, ante los tribunales
Estos tres vocales natos son Álvaro García, su 'número dos', Ángeles Sánchez Conde y la jefe de la Inspección María Antonia Sanz. Se trata de tres altos cargos de la Fiscalía General que fueron ascendidos por la propia Delgado cuando ejerció como fiscal general del Estado.
Frente a ellos se encuentran seis miembros de la AF y el vocal Viada de la APIF que podrían ver incompatibilidad para el cargo de Delgado y, por tanto, apartarla del resto de candidatos. De prosperar la petición de la exfiscal general y apartarse a dos o a tres de los vocales señalados, conseguiría desactivar la incompatibilidad, pues García Ortiz tiene voto de calidad y puede inclinar la balanza en caso de empate de cinco contra cinco.
Las fuentes consultadas por este medio explican que, aunque los miembros del Consejo solicitaron los expedientes de las recusaciones para estudiarlos de cara al cónclave, no se les ha hecho entrega de estos papeles. Por ese motivo se presupone que García Ortiz prevé coger las riendas y resolver las peticiones de Delgado pese a que los vocales consideran que esto es tarea del Consejo. Por ese motivo si García Ortiz actúa en ese sentido no es descartable que estos vocales del Consejo Fiscal acaben llevándolo ante la Justicia.
Una vez que se resuelva lo relativo a las recusaciones, se procederá a votar si Delgado es o no compatible para el cargo. En caso de resultar incompatible, quedaría apartada de la designación y se tendrían que estudiar las candidaturas del resto de fiscales que también optaron a la plaza. De conseguir su objetivo, integraría de nuevo la lista de candidatos a la plaza y García Ortiz volvería a designarla para la misma.
