El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional enviará un informe a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el que se advierte que el aeropuerto de Ciudad Real no puede ser utilizado para alojar a inmigrantes. García-Page ha subrayado que, según la legislación actual, dicha instalación no tiene un uso residencial y, por tanto, su utilización para esta finalidad es ilegal.
Esta declaración se produce en el contexto del Debate del Estado de la Región, donde el presidente regional ha expresado su preocupación por la propuesta del Gobierno central de establecer un centro de acogida temporal en el aeropuerto.
El presidente manchego ha calificado esta idea como un "despropósito absoluto" y un "atentado contra la dignidad" de los inmigrantes, al considerar que podría asemejarse a un "campo de concentración" o a un "auténtico gueto social". Según García-Page, el aeropuerto fue concebido con una legislación específica y un Plan de Singular Interés que regula su uso, prohibiendo su utilización para fines residenciales.
"Si nos hubieran consultado antes, les habríamos advertido que la propuesta contraviene la legislación vigente", ha señalado el presidente. Ha planteado también preguntas sobre la legalidad de que el Gobierno central ignore la legislación regional y actúe con "mecanismos excepcionales". "¿Es correcto y conveniente hacer esto? Son muchas las interrogantes que no han sido respondidas", ha añadido, subrayando la necesidad de un diálogo leal entre las administraciones implicadas.
García-Page ha manifestado que ni la administración regional ni los alcaldes de los municipios cercanos al aeropuerto han recibido información adecuada sobre el proyecto. Durante su intervención, el presidente mencionó que muchas organizaciones sociales ya han criticado la idea de convertir el aeropuerto en un centro de acogida, comparándolo con el campamento de inmigrantes establecido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.
Alcaldes locales exigen transparencia sobre el proyecto
Los alcaldes de localidades cercanas al aeropuerto de Ciudad Real han expresado su malestar ante la "falta de información" sobre la posible creación de un centro de acogida para inmigrantes. Juan Carlos Moraleda, alcalde de Ballesteros de Calatrava, ha manifestado su sorpresa al enterarse de la noticia a través de los medios de comunicación y ha pedido claridad al Gobierno sobre los intereses detrás de la implementación de este centro y su impacto.
"Nos ha extrañado mucho, ya que no hemos recibido ninguna comunicación oficial sobre esto", ha declarado Moraleda. Este municipio, junto con Villar del Pozo y Cañada de Calatrava, cuenta con una población reducida de aproximadamente 530 habitantes en total, lo que agrava la preocupación por la falta de preparación de la infraestructura para recibir a un número significativo de inmigrantes.
Cristina Espadas, alcaldesa de Cañada de Calatrava, también ha manifestado su desacuerdo, afirmando que "no es el lugar más idóneo" para crear un centro de estas características. "La infraestructura no reúne las condiciones necesarias para prestar los servicios adecuados a las personas que llegarían aquí", ha agregado.
La incertidumbre crece entre los residentes de estas localidades, que inicialmente esperaban que el aeropuerto, inaugurado en 2008 con grandes expectativas económicas, generara empleo y dinamismo en la zona. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Tras su cierre en 2012 por problemas financieros, el aeropuerto reabrió años después, pero con un uso muy limitado. Ahora, con la propuesta del Gobierno, los habitantes de los alrededores temen que sus expectativas de desarrollo se vean frustradas nuevamente.
En este contexto, los alcaldes han solicitado una respuesta clara y oportuna por parte del Gobierno central. La falta de información sobre un proyecto que podría cambiar la dinámica de sus comunidades ha generado preocupación y confusión, resaltando la importancia de un diálogo efectivo y transparente.
