El Gobierno ha autorizado este martes a Cataluña y a entes de su sector público a otorgar operaciones de garantía por un importe máximo total de 129,37 milones de euros durante el ejercicio de 2022, de los cuales, 101,9 millones se concederán por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
En concreto, a finales de abril, Cataluña solicitó al Consejo de Ministros autorización para otorgar garantías a conceder ante el ICF por la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarollo y el Consejo Catalán del Deporte por 101,9 millones de euros.
Asimismo, había pedido autorización también para avales a conceder por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) y por la Generalitat de Cataluña al Consorcio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y a cooperativas, vinculados a la baja de sus secciones de crédito, por importe máximo de 27.500.000 euros.
Según ha explicado el Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha estimado pertinente que se conceda la presente autorización, teniendo en cuenta la finalidad, beneficiarios y características de las operaciones de garantía y avales.
Para diversos ámbitos en Cataluña
Los beneficiarios de estas operaciones podrán ser empresas de diversos ámbitos, como la cultura, la industria o la economía social, entre otras. Además, en el caso de la autorización de garantías de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, se creará una línea de préstamos subvencionados con asunción de riesgos para la financiación de obras de comunidades de propietarios.
También entre los beneficiarios estarán ONG y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al Tercer Sector o entidades deportivas.
Además, se establecerán garantías por parte de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) en el marco de los convenios suscritos por AGAUR con las entidades financieras, que cubran el riesgo de las operaciones de préstamos a formalizar por las entidades financieras colaboradoras con estudiantes universitarios para financiar la matrícula universitaria.