El Gobierno ha contratado, a través de la empresa pública Tragsa y su filial, Tragsatec, a once personas para la "verificación administrativa y financiera de proyectos subvencionados", cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), a través de Infojobs, según se desprende de un anuncio publicado en la propia web que conecta a oferentes y demandantes de empleos, y ha podido contrastar Vozpópuli con fuentes cercanas a Moncloa y los sindicatos.
Estas últimas han denunciado a este medio que los contratados a través de la oferta en Infojobs estarían ahora realizando las mismas funciones de "verificación" que hicieron durante tres años algunos de los 92 funcionarios interinos de la Secretaría de Estado de Migraciones contratados por concurso-oposición en 2015 y cesados en 2018 (ya las condiciones de su contratación y cese han llevado a estos últimos a presentar unas 90 demandas por contratación fraudulenta contra el Gobierno, que les ha ido sustituyendo por otros hasta la Oferta Pública de Empleo que "estabilizará" esas funciones y está prevista para este año o 2020, informó ya este medio).
Según fijaba la ya cerrada oferta de Tragsatec, la entidad pública buscaba en Infojobs "licenciado en Administración de Empresas" sin experiencia mínima requerida, para "la ejecución de las actividades materiales y técnicas de apoyo para las actuaciones de verificación y control en relación con los proyectos subvencionados, cofinanciados por el FAMI, a través de convocatorias de subvenciones". A este respecto, es de notar que 3.137 millones de euros han sido reservados para el Fondo de Asilo, Migración e Integración para el periodo 2014-2020 y que el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado a España por su opacidad a la hora de rendir cuentas sobre la gestión de fondos comunitarios.
Las funciones de los supervisores contratados vía Infojobs incluyen la "determinación de costes subvencionables y no subvencionables, la elaboración de informes de incidencias, el registro de irregularidades, la revisión y elaboración de solicitud de liquidación y de cuenta justificativa, el análisis de alegaciones, la elaboración de informes y listados para declaraciones de gastos a la Comisión Europea y el control de calidad de los trabajos anteriormente descritos que han sido realizados por otras personas".
Los requisitos eran una "titulación superior universitaria" y el "manejo de Excel", y contaban como "méritos" un "máster en auditoría o verificación de fondos" y el conocimiento de la Ley.
La oferta no fijaba el salario sino que establecía un contrato "por obra y servicio hasta noviembre de 2019 con posibilidad de renovación, con salario según convenio" para la industria de los "servicios medioambientales".
"Contrataciones externas"
Desde el Gobierno han negado la mayor aunque han confirmado que sí se han realizado "contrataciones externas" para actividades relacionadas a la auditoría de fondos públicos.
"Esas contrataciones no tienen nada que ver con las de los interinos que se fueron al concluir el programa para el que habían sido contratados", han respondido fuentes del ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a Vozpópuli.
Hay contrataciones externas, por ejemplo las relativas a la supervisión de la justificación de Fondos Europeos, que se hacen de manera habitual
"De hecho, esos 92 trabajadores ya han sido sustituidos por otros 92, a la espera de que se incorpore la plantilla estable contemplada en la última oferta de empleo público extraordinaria. Además, informarte que hay otras contrataciones externas, por ejemplo las relativas a la supervisión de la justificación de Fondos Europeos, que se hacen de manera habitual", han incidido las mismas fuentes.
Este medio ha intentado profundizar en esas "contrataciones externas", pero, al cierre de esta edición, no ha recibido respuesta del ministerio.
La encomienda de gestión
El mecanismo referido y utilizado por la Administración Pública sería en cualquier caso el de la llamada encomienda de gestión a una empresa pública, en este caso, Tragsa, regulada en el Artículo 11 ley 40/2015, que tiene que ver con aquello que la Administración considera que no puede hacer por sí sola y ve más justificable externalizar a una empresa pública que a una privada "por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño".
"Un negocio jurídico con muy escasa definición legal pero que mueve grandes cantidades de recursos públicos", según ha apuntado la letrada del Tribunal de Cuentas, Ana Cossío Capdevilla, y que la ley zanja en ocho párrafos.
Tragsa y sus filiales son un medio propio del Estado para resolver emergencias, no para subcontratar funcionarios"
Fuentes cercanas a un sindicato y a los actuales trabajadores de Migraciones esgrimen que "la encomienda de gestión en este caso se está usando indebidamente para proporcionar personal a la administración que debía cubrirse mediante convocatoria pública. Cubren una necesidad 'urgente' indebidamente. Primero cesan funcionarios con formación y experiencia en migraciones que trabajaban en la verificación y control de fondos europeos y, como consecuencia, generan ficticiamente necesidades urgentes. Las tareas de control de fondos comunitarios en ningún caso debían subcontratarse, se trata de funciones públicas esenciales". Las mismas fuentes inciden en que "Tragsa y sus filiales son un medio propio del Estado para resolver emergencias, no para subcontratar funcionarios".
Este periódico ha intentado recabar la versión de Tragsa pero, al cierre de esta edición, no la ha recibido.
