Corría septiembre de 2017 cuando el Parlamento gallego aprobó la propuesta de los hombres de Alberto Núñez Feijóo que instaba a la Xunta a realizar un estudio legal para analizar cómo incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás. Casi un año después registraron una iniciativa urgente para reclamar al Ejecutivo que iniciara acciones legales y finalmente los diputados de la Cámara gallega acordaron por unanimidad rescatar el pazo señorial en propiedad de la familia de Francisco Franco. Ahora, la Abogacía del Estado ha presentado una demanda por la presunta compra fraudulenta del inmueble y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para sacar pecho de la iniciativa judicial contra los descendientes del dictador.
"Actuaron contra derecho", ha dicho el jefe de La Moncloa en una entrevista en Los Desayunos de TVE. Su número dos, la vicepresidenta Carmen Calvo, se ha pronunciado poco después en Twitter: "Tenemos argumentos sólidos, documentos y posición jurídica para defender la titularidad pública del Pazo de Meirás ante la familia Franco, en nombre de todos los españoles". En el mismo mensaje, señaló que este era "un paso más" en la "restitución de situaciones" que para el Ejecutivo del PSOE "no son asumibles".
Cuando hace mención a documentos y posición jurídica, Calvo se refiere, en parte, al informe de los expertos que encargó el Parlamento de Galicia previa solicitud del Grupo Popular. En el documento se concluye que "es posible defender en la ley la adquisición por usucapión [prescripción] del buen estado de dominio público de las 'Torres de Meirás' y la aplicación a esta propiedad del régimen legal".
Tenemos argumentos sólidos, documentos y posición jurídica para defender la titularidad pública del #PazodeMeirás ante la familia Franco, en nombre de todos los españoles.
Es un paso más en la restitución de situaciones que para este Gobierno no son asumibles.— Carmen Calvo (@carmencalvo_) July 11, 2019
Feijóo reclama su bandera
Ante la reacción del Gobierno, el presidente de Galicia ha salido al paso y ha aprovechado para recordar en rueda de prensa el origen de la iniciativa que hoy se abandera el PSOE y que ejerce la Abogacía del Estado. El líder popular ha hecho hincapié en que el Ministerio de Justicia estudió la propuesta de la Xunta y del Parlamento antes de redactar la demanda contra los Franco.
Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo central "no comunicó" al Gobierno autonómico que emprendería acciones legales y ha puesto sobre la mesa las intenciones políticas detrás de la medida de Sánchez. "La Xunta se pronunció a favor de la reclamación legal por razones legales y no políticas", ha insistido tras señalar que, a su juicio, las Torres de Meirás son de "patrimonio público y no privado".
El diputado a cargo de defender la propuesta del PP en la Cámara gallega, Pedro Puy, se ha mostrado complacido con que la iniciativa tenga salida en forma de demanda. "Esto no puede costarle más dinero a Galicia", ha insistido en relación a los casi 40 años en los que el inmueble fue utilizado como residencia oficial de verano de Franco y administrado como una dependencia del Palacio del Pardo "exclusivamente con fondos y funcionarios públicos", según Justicia.
La ofensiva judicial de La Moncloa tiene lugar después de que expertos consultados por la Cámara gallega aseguraran que la Administración General del Estado podía "ejercer la acción dirigida a reclamar el bien como demanial y a obtener la restitución de su posesión", según consta en el diario de sesiones del Parlamento del 27 de junio de 2018.
"La Xunta se pronunció a favor de la reclamación legal por razones legales y no políticas"
La propia Abogacía del Estado, en un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, ha admitido que la presentación de la demanda resulta del estudio jurídico llevado a cabo en cumplimiento de la resolución del 11 de julio de 2018 aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia en la que se instaba al Estado a emprender acciones legales para recuperar el pazo señorial.
Aquel 11 de julio, el PP, En Marea y el Bloque Nacionalista Gallego presentaron sus respectivas proposiciones no de ley, mientras que el PSOE gallego formuló enmiendas a las tres "con el objetivo de buscar un punto de encuentro". El portavoz de los populares en la Cámara regional ha criticado el hecho de que "se usa el franquismo para que digan que el PP defiende a Franco y a los hijos y a la familia" y ha asegurado que con esta iniciativa intentaron dejar en claro que si había un motivo legal que permitiera devolver las Torres de Meirás al patrimonio público se haría. Al final, se aprobó la resolución por unanimidad.
"Documento clave"
La demanda se ha formalizado tras las pesquisas de los servicios jurídicos del Gobierno que han descubierto un "documento clave que demuestra que Francisco Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad". La Abogacía ha basado su demanda de casi 100 folios en un acta notarial -hasta ahora desconocida- del 3 de marzo de 1938 que confirma que la venta de las Torres de Meirás al dictador el 24 de mayo de 1941 fue “fraudulenta” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.
El acta de 1938 demuestra que Manuela Esteban Collantes vendió el Pazo a la "Junta pro Pazo del Caudillo" por un precio de 406.346 pesetas. Tres años después, se otorgó una segunda escritura pública en la que se simula la venta del mismo inmueble por parte de la misma Manuela Estaban Collantes; esta vez, a favor de Francisco Franco y por un importe de 85.000 pesetas, según datos recogidos por los abogados del Estado. "Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad", se lee en el comunicado.
