Hacienda va a trasladar la arquitectura de la gobernanza europea al Estado de las autonomías, lo que le permitirá enviar sus ‘policías’ a las administraciones incumplidoras de los objetivos de déficit para valorar su situación presupuestaria. Si la ley de Estabilidad estuviera ahora vigente tal y como va a ser enviada al Congreso, la mayoría de las comunidades tendrían metido al Gobierno central en su sala de máquinas, perdiendo por tanto la autonomía financiera.
Medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Si esta forma de proceder se hubiera planteado desde Madrid hace unos años, posiblemente la mayoría de las comunidades autónomas hubieran disparado sus protestas y amenazado con todo tipo de movilizaciones. “La situación es tan extrema que todo se ha dado la vuelta, incluso la sensibilidad de los gobiernos autonómicos ha cambiado”, explican fuentes gubernamentales.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha trasladado a la mayoría de los grupos parlamentarios el anteproyecto de la ley de Estabilidad que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Ministros. Y lo paradójico es que después de leerlo, los nacionalistas vascos y catalanes no hayan puesto el grito en el cielo y les suene bien su música. Pero la explicación resulta sencilla: los primeros no tienen demasiado que perder con la futura ley porque les ampara el Concierto económico y a los segundos lo que les obsesiona realmente es la refinanciación de su deuda, cercana a los 40.000 millones de euros. Como se prevé que la aplicación estricta de la nueva ley no se produzca hasta 2020, el margen temporal es tan amplio que compromete a poco.
Cataluña es una de las comunidades más interesadas en que el Gobierno avale sus emisiones a través del Instituto de Crédito Oficial para conseguir financiarse a los mismos tipos de interés que el Reino de España. Así se lo han trasladado ya los nacionalistas catalanes y la propia Generalitat a los titulares de Hacienda y Economía, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. La negociación está en marcha aunque Hacienda busca un marco compartido que sirva para aliviar la carga financiera de todas las comunidades autónomas.
El resto del contenido del anteproyecto que hoy ve el Gobierno es bastante conocido. Cuando entre en vigor la ley, todas las comunidades tendrán que presentar equilibrio o superávit. Esta regla comprometerá también a las empresas públicas, fundaciones y consorcios que sobrevivan a los recortes que prevé Montoro. El gasto de las administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB. El incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico que permita corregir la desviación en un año. Sólo se establecerán excepciones para casos de catástrofes naturales, emergencias extraordinarias o coyunturas de recesión. Esta última circunstancia es, precisamente, la que va a invocar el Gobierno español para conseguir en Bruselas, vía Alemania, más tiempo para alcanzar el difícil 3% de déficit. Un año más, hasta 2014, sería para Mariano Rajoy un gran respiro.
Si se cumplieran los malos augurios del FMI y España se viera castigada este ejercicio con una contracción del 1,7%, el ajuste suplementario para alcanzar el 4,4% de déficit en 2012 sumaría 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la previsión todavía vigente de crecimiento es del 2,3%. “Misión imposible”, dicen fuentes gubernamentales y también los portavoces económicos de los diferentes grupos parlamentarios, conscientes de que el Gobierno central y las comunidades están obligatoriamente embarcados esta vez en el mismo crucero.
