El objetivo del Gobierno es que la situación de bloqueo en la Justicia no encalle y retomar “de inmediato” las negociaciones con el PP para alcanzar un acuerdo en breve sobre la renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ). Según informan fuentes gubernamentales, el interlocutor con los populares va a seguir siendo el ministro Juan Carlos Campo, quien ya tenía diseñado el acuerdo con el secretario de Justicia del PP, Enrique López, antes de verano. “Ese hilo nunca se ha roto del todo”, indican las mismas fuentes conocedoras de los contactos.
Sin embargo, fuentes del entorno del consejero de Justicia madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP aseguran que al menos hasta la misma mañana de este viernes no se había producido ninguna llamada. Tampoco fue contactado, explican las mismas fuentes, antes de que Pedro Sánchez anunciara desde la tribuna del Congreso que “paraba el reloj” de la reforma del CGPJ para volver a negociar con los populares.
Por ello, desde el PP rebajan mucho el optimismo del Ejecutivo y, además de la falta de diálogo efectivo en las últimas jornadas, remiten a sus condiciones antes de sentarse a hablar: "Retirada del proyecto, excluir a Podemos de la negociación y despolitizar el CGPJ y la Fiscalía".
Desde el Gobierno creen que la situación ha entrado en una nueva fase tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la moción de censura de Vox. El líder del Ejecutivo ofreció meter en un cajón la polémica proposición presentada por el PSOE y Unidas Podemos. El texto defendía eliminar la obligación de contar con tres quintos de las Cortes para nombrar a 12 miembros de los 20 que integran el máximo órgano de Gobierno de los jueces. De ese modo, el Ejecutivo podría prescindir del PP y apoyarse en sus socios parlamentarios.
Las asociaciones lo celebran
La decisión de paralizar la iniciativa llega tras una revuelta en el seno de la carrera judicial, en pie de guerra ante un plan que a su juicio ahondaba en la politización del Consejo. Siguen vigilantes, aunque las asociaciones del sector celebraban la decisión del presidente como una victoria propia. Otro factor decisivo ha sido la contestación internacional, donde ha causado inquietud la intención del Gobierno, en dirección contraria a lo que se le reclama a los estados europeos sobre separación de poderes.
La iniciativa para vadear el bloqueo ni siquiera convencía a una parte del Consejo de Ministros, en el que hay varios jueces. Fuentes conocedoras de los contactos entre PP y PSOE afirman que basta con que se retome el escenario de julio, antes de las vacaciones. A Campo y a López les sorprendieron en la playa, y con los deberes hechos, las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo tras ser cesada como portavoz parlamentaria de los populares.
Dijo que una de las razones de su salida era su oposición a entrar en el reparto de jueces con el Gobierno de Sánchez. Entiende que el Poder Judicial es hoy uno de los muros de contención contra el Ejecutivo y sus socios parlamentarios. Aquellas palabras tuvieron más peso de lo aparente porque el PP cambió repentinamente el paso y dio por finalizadas las negociaciones de renovación. Alegó los ataques de Podemos al rey emérito y la Corona.
Álvarez de Toledo ha desaparecido de la primera línea y Casado ha salido reforzado a ojos del PP del desafío que le planteaba la moción de Vox y eso allana el camino. Campo y López no han perdido su buena sintonía pese a estos meses de conflicto en torno al Poder Judicial. Ambos habían alcanzado -con el visto bueno de sus respectivos líderes- un punto de acuerdo sobre la renovación del Consejo que diera al PP una presencia importante pese a su retroceso parlamentario.
Tribunal Constitucional
La segunda fase de esta negociación, y si cabe más sensible, es la que afecta al Tribunal Constitucional. Lo más urgente es renovar a los cuatro jueces nombrados por el Congreso de los Diputados, en funciones desde hace un año. Son el presidente, González Rivas (propuesto por el PP), la vicepresidenta, Encarnación Roca (del PSOE, concretamente de la órbita del PSC, aunque habitualmente vota con los conservadores), Andrés Ollero (PP) y Fernando Valdés (PSOE). Este último tuvo que dejar su puesto recientemente tras ser investigado por maltratar a su mujer.
Las últimas negociaciones entre Campo y López pasaban por respetar el reparto de 2-2 para progresistas y conservadores. Eso le garantiza a Casado una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional al menos hasta julio 2022. El Gobierno espera a ese momento para acometer la siguiente fase de la renovación en la que podrá elegir sin necesidad de pacto a dos nuevos puestos que ahora ocupan jueces elegidos por el PP. En ese momento se revertirá definitivamente el equilibrio de fuerzas en el máximo garante constitucional.
Los tiempos en este caso son importantes porque encima de la mesa de los magistrados del Constitucional hay ya asuntos de calado como el recurso contra la sentencia del procés o contra la declaración del estado de alarma para garantizar el confinamiento de marzo, abril y mayo.
Las fuentes consultadas llevan tiempo avisando de que en los nombramientos se hará visible la paridad con una presencia importante de magistradas en puestos relevantes. Las quinielas han continuado barajando nombres en las últimas semanas. Uno de los posibles candidatos para integrar el TC era el actual presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes. Pero su situación no es la misma tras haberse convertido en la cara visible del enfrentamiento entre el Gobierno el Poder Judicial.
