Algunos interventores y secretarios de ayuntamientos catalanes han enviado peticiones de ayuda al Gobierno. Quieren cumplir la ley y temen recibir presiones para ayudar a celebrar el referéndum del 1 de octubre. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo, al mismo tiempo que explican que ya se les está remitiendo documentación y recomendaciones a seguir para que tengan argumentos jurídicos a la hora de cumplir la legalidad.
El pasado jueves -coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los recursos contra todas las resoluciones del Parlament y la Generalitat para celebrar el referéndum soberanista- el secretario de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, remitió una carta dirigida a los interventores y secretarios de los ayuntamientos pidiéndoles que cumplieran la legalidad.
En el citado documento, Bermúdez de Castro resaltó que el Tribunal Constitucional ha prohibido "expresamente" la continuación del proceso constituyente en Cataluña "y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum". Y además, expresaba su "apoyo firme y su indubitada confianza" en que los ayuntamientos catalanes respeten el respeto al marco constitucional y estatutario.
Confianza en el cumplimiento de la ley
Desde el Gobierno confían en el cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios pero, al mismo tiempo, advierten de que en Cataluña hay muchos interventores y secretarios que no son funcionarios, sino interinos, y sugieren que pueden haber sido puestos "a dedo" por la Generalitat para apoyar el proceso independentista.
Explican también que en las peticiones de ayuda hay interventores o secretarios que les han confesado su preocupación por la presión que van a recibir de alcaldes o incluso vecinos del municipio para que colaboren en la organización de la consulta.
Para ayudarles, les están remitiendo documentación, recomendaciones de los distintos pasos a dar y en definitiva argumentos jurídicos con los que responder a esos reclamos o presiones.
