Un empresario investigado en la trama del caso Mediador, por las supuestas mordidas cobradas por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, ha presentado ahora un plan a la Comunidad Valenciana para la venta de una serie de drones. La licitación se enmarca en un proyecto auspiciado por el Gobierno de Ximo Puig para reforzar la seguridad en las playas de la región mediante aeronaves no tripuladas.
De acuerdo a la documentación consultada por Vozpópuli, la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias ha dispuesto un presupuesto de 600.000 euros (726.000, si se tienen en cuenta los impuestos) para la adquisición de varios lotes de drones, destinados a reforzar la vigilancia en las playas. El Gobierno autonómico ha repartido el contrato en tres lotes, distribuidos por zonas geográficas –zona norte, zona centro y zona sur-, y actualmente está en fase de evaluación de las ofertas recibidas.
La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. ha manifestado su interés por concurrir en la licitación pública. Se trata de una empresa dedicada a la comercialización de diversos productos relacionados con las aeronaves no tripuladas, que a su vez es objeto de investigación en el caso Mediador.
Policía Nacional y Guardia Civil sospechan que diversos empresarios de la trama trataron de obtener favores públicos o acceso a subvenciones mediante el pago de ‘mordidas’ a representantes públicos, entre los que figuran Tito Berni, el general Espinosa Navas y otros cargos canarios. Uno de ellos es José Santiago Suárez Estévez, más conocido como El Drones, a cargo de la firma Asesoramiento y Servicio de Drones S.L.
Fiscalía Europea
Los movimientos de esta empresa ya se investigan desde Bruselas, toda vez que la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de la investigación relacionada con las adjudicaciones que se llevó este empresario en el proyecto GAR-SI Sahel, de seguridad en varios países en África y que durante años dirigió el general Espinosa Navas, por un valor total de 89.000 euros.
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), órgano público que gestiona el proyecto GAR-SI Sahel, le concedió además un cuarto contrato por valor de 174.000 euros. “La empresa ASD SL se ha presentado a cuatro licitaciones adicionales de drones/contradrones de la FIIAPP en las que no resultó adjudicataria –detallan desde la fundación-. Desde 2017 la FIIAPP ha contratado la compra de drones por 1,3 millones de euros a 13 empresas distintas”.
Como contó Vozpópuli, la Fiscalía Europea ha remitido a la Justicia española un escrito en el que solicita los volcados de los teléfonos y dispositivos informáticos de Marco Antonio Navarro Tacoronte -conocido como El Mediador, que entregó sus terminales de forma voluntaria en el comienzo de las pesquisas-, y de los terminales obtenidos en las entradas y registros del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y del empresario José Santiago Suárez Esteve, El Drones.
El estado de la licitación
La documentación adjunta al proceso de licitación impulsado por la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias detalla que seis empresas se presentaron al concurso; entre ellas, Asesoramiento y Servicio de Drones S.L., que se presenta a los tres lotes. El Gobierno autonómico aún tiene que decidir a qué firma adjudica el procedimiento, que actualmente está en fase de evaluación.
El contrato exige a las empresas concurrentes la disponibilidad permanente de una aeronave (UAS) de vigilancia y rescate acuático en cada uno de los emplazamientos determinados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), cumpliendo las características técnicas y operativas especificadas en los pliegos. También la disponibilidad permanente (a excepción de los descansos del personal legalmente establecidos) de un piloto y una persona de apoyo a la operación de los drones.
“La intervención en situación de emergencia, estará siempre dirigida por el servicio de salvamento de playas proporcionado por el Ayuntamiento, conforme lo establecido en su Plan de Seguridad y Salvamento, y en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, según los protocolos establecidos para su coordinación con ‘112 Comunitat Valenciana’”, detallan los documentos anexos al procedimiento.
