La polvareda que levantó hace ahora un año la supresión de la limitación de los derechos de voto en las sociedades cotizadas, una cruzada librada con éxito en una primera fase por ACS en su fracasado asalto a Iberdrola, quedará enterrada, posiblemente, en el olvido cuando el PP llegue al Gobierno.

Apadrinada por Miguel Sebastián y el propio Zapatero, la denominada ‘enmienda Florentino’ fue introducida con nocturnidad y alevosía en la ley de Sociedades Anónimas tras las visitas efectuadas a La Moncloa por el presidente de ACS. No entró en vigor hasta el pasado 1 de julio gracias a las condiciones que impuso Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) para avalar al Gobierno en la reforma. La principal fue que se excluyera de las mismas a las sociedades no cotizadas, contrapartida que sirvió a los nacionalistas catalanes para cuidar su red clientelar.

Este retraso y la dinámica interna promovida en algunas grandes empresas para evitar sorpresas desagradables han hecho que la polémica modificación no haya tenido todavía una incidencia real en compañías como la propia Iberdrola, Repsol o Telefónica, así como en las entidades financieras afectadas sobre el papel por la supresión de los límites a los derechos de voto, la Caixa y el Sabadell entre ellas.

En síntesis, la enmienda que disparó la controversia y puso a la defensiva a estas sociedades modificó de golpe tres leyes, la de Auditoría de Cuentas, la del Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas, para prohibir la limitación de los derechos de voto, establecida en los estatutos de la mayoría de estas sociedades en el 10%.

El PSOE argumentó a favor de la reforma la conveniencia de acabar con el blindaje de directivos y de permitir que las participaciones en una sociedad tengan una proporción lógica con los derechos de voto. Al final, ni Florentino Pérez ni Luis del Rivero han conseguido de momento sus objetivos en Iberdrola y Repsol  y cuando llegue el PP al Gobierno todo parece indicar que estarán mucho más lejos de ellos.