Facilitar parejas lingüísticas a profesionales sanitarios para que aprendan catalán, uso preferente de esa lengua con los pacientes o prospectos farmacéuticos redactados en catalán, son algunas novedades de la inmersión lingüística que se cierne sobre el sector sanitario en Cataluña. De igual modo, para las empresas se estudia bonificar fiscalmente las contrataciones de catalanoparlantes, cláusulas lingüísticas en las relaciones contractuales con la Administración o un sello de calidad lingüística para empresas. Todo ello forma parte del procés lingüístico conducido desde la Generalitat con el nombre de 'Pacte Nacional per la Llengua', que ha finalizado su primera fase, con vocación de extenderse hasta el "Carxe de Múrcia". 

A finales de octubre fueron presentadas las propuestas para el 'Pacte Nacional per la Llengua' (PNL) recogidas durante meses por la Secretaría de Política Lingüística, para ser aprobadas por el Parlament. El PNL, herramienta de agitación lingüística en el tejido social, pretende una sociedad que "viva plenamente en catalán", considerando esa la única lengua de "cohesión social" y de "ascenso social". Este Pacto es la lanzadera del procés lingüístico, nueva versión del procés por la independencia en cumplimiento del "ho tornarem a fer". El empeño por una sociedad monolingüe ha cubierto etapas semejantes a las del anterior procés en el terreno de la enseñanza, incumpliendo órdenes judiciales y con unas leyes de desobediencia -el decreto 6/2022 y la ley 8/2022, destinadas a burlar las sentencias del TSJC sobre el 25% de enseñanza en español-, que evocan las leyes de desconexión de septiembre de 2017.

El Pacte Nacional per la Llengua nace de la resolución 102/XIV del Parlament (30/09/2021), que reafirma el camino hacia la república catalana, la amnistía y el derecho de autodeterminación con un referéndum. También instaba a un pacto nacional por la soberanía alimentaria, pero ha ido por delante el lingüístico destinado a reforzar una lengua catalana presuntamente desprotegida, desplazando a la española. De las doce áreas sobre las que se despliega el PNL, se recogen aquí las propuestas referidas a sanidad y área sociolaboral. Casi todas ellas implican, como reconoce la presentación del plan, "reconsiderar presupuestos, revisar políticas, renovar compromisos (…) reforzar la seguridad lingüística y garantizar la continuidad del catalán como lengua completa".

En el sector sanitario constata el descenso de catalanoparlantes porque la reposición de profesionales es con personas procedentes del resto de España y del extranjero. Tras lamentar que el catalán no sea un requisito en la formación de los MIR, pues solo "deben acreditar conocimientos de castellano", sostiene que para la mejor calidad asistencial médicos y enfermeras deben dominar y hablar en catalán con los pacientes.

El proceso participativo del Pacte Nacional per la Llengua ha incluido una mesa redonda sobre sanidad con presencia de representantes del Colegio de Médicos de Barcelona (Anna Olivé), de los Colegios de Enfermería de Cataluña (Enric Mateo) y de la asociación de centros asistenciales (Antoni Vidal). Olivé incidió en que no hay recambio generacional de médicos catalanoparlantes, mostrando el inconveniente legal de que no se pueda obligar a contratar a los que hablen o entiendan la lengua cooficial que, presumió, es la propia de las comunicaciones del Colegio de Médicos, algo que "ya se hacía en la época franquista". Esa entidad ofrece aprendizaje lingüístico y se plantea "incentivos positivos" a los nuevos médicos en su primer año de colegiación, para que aprendan catalán. La Dra. Olivé citó un comentario burlesco del decano del colegio médico, Jaime Padrós, diagnosticando "síndrome Vargas Llosa" en los llegados de fuera de Cataluña que no aprenden la lengua cooficial.

Las propuestas sobre sanidad recogidas por el PNL confluyen en una inmersión lingüística para los sanitarios, sin datos sobre la calidad asistencial en función del idioma empleado. Ni el Pacte Nacional per la Llengua, ni las aportaciones al mismo mencionan que la Tarjeta Sanitaria para usuarios de CatSalut (Servicio Catalán de Salud) se expide solo en catalán, no es bilingüe como el DNI e incumple el art.3.2 b) del R.D. 183/2004, modificado en 2013. Tampoco recoge que los profesionales recién incorporados son aleccionados para hablar en esa lengua y utilizarla en los historiales clínicos, ya que la documentación para los pacientes está siempre en catalán. Y, sobre todo, que en los concursos para una plaza fija el nivel de catalántiene máxima puntuación.

El representante de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña, Enric Mateo, coincidió en el lamento de su predecesora sobre el incremento de enfermeras que "venen de treballar des de fora", asociando el uso de la lengua catalana como signo de calidad y competencia profesional: "La gestión clínica hemos de hacerla en catalán porque tiene un impacto directo sobre la salud de las personas". El hecho dijo, de que los sistemas informáticos y la gestión de historias clínicas "estén en nuestra lengua garantiza la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria".

Estas y otras consideraciones son coherentes con la letra y el espíritu del Pacte Nacional per la Llengua, que en su documento base, 'Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana', insiste en la utilidad de la lengua catalana para la "inclusión y ascenso social". De ahí que el representante de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales), Antoni Vidal, expusiera con cierto dramatismo que el perfil mayoritario de las empleadas de las residencias geriátricas sean mujeres extranjeras en las que "es complicado que incorporen el catalán al comunicarse", dando lugar a que usuarios catalanoparlantes se vean obligados a tratar con su cuidadora en castellano porque, según Vives, "hay personas mayores que han vivido el franquismo, pues, pasan al castellano".

El propósito explícito del PNL de imponer el monolingüismo en las relaciones de sanitarios con pacientes, reincide en prácticas consideradas ilegales. Resucita el Protocol d’usos lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya aprobado por la Generalitat en 2010 y sobre el que la sentencia 772/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció anulando, "por ser contrarios a derecho", los mandatos de utilizar solo el catalán en las comunicaciones entre personal sanitario, en las de éste con los pacientes, en el inicio de las conversaciones telefónicas y en la documentación de los centros sanitarios.

En el mundo económico el procés lingüístico se centra en la actividad empresarial, societaria y sindical con el argumento de que la lengua "nuestra" y "completa" también lo es de "prestigio". De ahí que en las iniciativas del Pacte Nacional per la Llengua proliferen consideraciones así: "La ausencia habitual de la valoración de los conocimientos de catalán en la selección de personal tiene un múltiple efecto negativo: desactiva el interés de los no catalanohablantes por aprender una lengua que mejoraría su estatus social". En las conclusiones de una sesión dedicada al ámbito socioeconómico y laboral se recomienda "vincular la lengua catalana al bienestar y a la perspectiva de vivir mejor".

En la mesa redonda correspondiente a esa área, la vicesecretaria general de UGT Catalunya, Nuria Solé, exhibió sus 53.000 delegados sindicales como prueba de su capacidad para fomentar el uso del catalán como "lengua principal" entre los trabajadores, siempre que aumenten "las subvenciones mínimas que recibimos en los últimos años". La posibilidad de incluir en los convenios colectivos requisitos lingüísticos está implícita en el mensaje de la dirigente ugetista a los responsables del PNL recordando que la concertación social incluye "la formación continua, cláusulas concretas que se pueden introducir en los convenios… etcétera".

Reafirmando el compromiso lingüístico de UGT, Solé considera necesaria "una oferta pública articulada para trabajar en catalán", en línea con lo que asegura el informe de partida del Pacte Nacional per la Llengua sobre la poca importancia que dan las empresas al contratar personal a la lengua catalana: "Privilegiar a los menos capacitados y frustrar a los más preparados es exactamente lo contrario de un proceso equitativo de selección". Esa consideración se deriva de lo que el mencionado informe describe como primer reto en el mundo sociolaboral: "Es imprescindible regular el régimen lingüístico de las relaciones de los ciudadanos con las empresas y profesionales, concertadamente con los grandes operadores económicos".

La dimensión del procés lingüístico y la ideología que lo alimenta se refleja en la aportación crítica al Pacte Nacional per la Llengua presentada por Impulso Ciudadano, que en el capítulo demográfico y demolingüístico del que parte el PNL detecta "una vinculación entre población no catalanoparlante y pobreza (…) una correlación entre bajo uso del catalán y bajo nivel socioeconómico". La radiografía que hace Impulso Ciudadano (aquí en español) sostiene la naturaleza excluyente del Pacto en el objetivo de "vivir plenamente en catalán", lo que equivale a que sea posible vivir en Cataluña sin tener contacto más que con la lengua catalana. Una muestra, dice, de "políticas agresivas orientadas a cambiar la lengua que utilizan las personas".

Ese análisis interpreta que la consideración de la lengua catalana como patrimonio histórico de Cataluña es "una pretensión de convertir en una realidad política los territorios en que se habla la lengua catalana", que incluyen, según el documento-madre del Pacte per la Llengua (ver pág. 107), "el Carxe de Múrcia", un rincón murciano conocido como El Carche, limítrofe con Alicante y donde su escasísima población conserva el valenciano.

Con el procés lingüístico y su buque insignia del Pacte Nacional per la Llengua el Govern de Aragonés/Junqueras lo está tornant a fer acelerando las políticas lingüísticas del independentismo. Confía en que la decisión del Tribunal Constitucional sobre las leyes de desobediencia educativas está lejana en el tiempo. Y se siente amparado con el blindaje prestado por Moncloa gracias al acuerdo del 27 de julio (con el PNL en marcha) del Gobierno de Sánchez con la Generalitat, para "la protección y el impulso de la lengua catalana".

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