La nueva Guardia Civil reestructurada bajo la tutela del Ministerio del Interior investigará si desde la Comandancia de Madrid del Instituto Armado que dirigía Pérez de los Cobos se filtró a un medio de comunicación el informe del 8-M que apuntaba al ministro Salvador Illa y al epidemiólogo Fernando Simón, según informan a Vozpópuli fuentes de Interior.
La publicación en prensa de ese documento, justo después de que la Guardia Civil se lo entregase a la juez que investiga al delegado del Gobierno de Madrid, fue lo que desencadenó el polémico cese de Pérez de los Cobos, según la última versión del ministro Fernando Grande Marlaska. El titular de Interior ha reiterado tanto en el Congreso como en el Senado que esa filtración puede ser constitutiva de un delito de revelación de secretos y que eso provocó la pérdida de confianza. “No quiero decir más porque tengo respeto por la carrera profesional de Pérez de los Cobos", llegó a decir el ministro este miércoles en la Cámara Baja.
La causa no ha sido declarada oficialmente secreta y de hecho ese documento acabó en todos los medios de comunicación después de que se le notificase a las partes personadas en la causa. No ha sido el único informe de ese caso que ha sido publicado en los periódicos. Al menos hay otro con fecha del 1 de junio.
En el Ministerio la idea era comenzar a investigar internamente esta filtración en el momento en el que se nombrase al sustituto de Pérez de los Cobos. Esa designación se ha anunciado este miércoles, diez días después. Eso a pesar de que en una de sus primeras versiones, el ministro enmarcó el cese del coronel en una remodelación de equipos. El sucesor designado ha sido finalmente el teniente coronel David Blanes González.
La publicación en prensa
Grande-Marlaska ofreció el martes en el Senado por primera vez la versión de la presunta filtración en su respuesta al portavoz del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Se refería a la publicación el viernes 22 de mayo en El Confidencial de las conclusiones del informe elaborado por la Guardia Civil, que apuntaba a Fernando Simón. Los investigadores de la Comandancia de Madrid se lo habían entregado el día anterior a la magistrada que investiga la convocatoria de manifestaciones como la del 8-M.
La juez no se lo notificó hasta el lunes a las partes personadas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El fin de semana se produjeron las llamadas al coronel cesado a raíz de la publicación. Siempre según la versión de Interior, no era para pedir el informe ni los detalles de las pesquisas, sino para pedirle explicaciones sobre la filtración. Sin embargo, no es eso lo que figura en la nota oficial del cese del mando.
En ese documento, desvelado también por El Confidencial, se dice que la destitución es por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Desde el entorno del coronel niegan este extremo y defienden que fue presionado por sus superiores cuando vieron que la investigación afectaba al Gobierno. Mientras tanto, y ya con el coronel cesado, OK Diario se hizo eco este lunes de un segundo informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado.
La juez del caso firmó la semana pasada una providencia en la que anunciaba que desde el inicio del caso había invocado el artículo 15 del Real Decreto que regula las actividades de la Policía Judicial y que exige confidencialidad a las unidades investigadoras. Según fuentes policiales, eso circunscribe el conocimiento de las pesquisas a los agentes que trabajan con el Juzgado. No es necesario dar parte a los superiores salvo que sean necesarios recursos de otras unidades. Pero en esos casos tampoco es necesario dar detalles sobre el contenido de las pesquisas.
Otras fuentes recuerdan que Pérez de los Cobos era el máximo responsable de la Comandancia, pero no tiene por qué saber el devenir de las investigaciones de sus subordinados. Esa falta de información por su parte la entienden en Interior como una ocultación deliberada.
Precedentes
No es la primera vez que Interior lleva a cabo una investigación interna para dar con el origen de una filtración. Ya en 2018, se procedió a esclarecer la publicación de un correo electrónico firmado por el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí. En ese documento, el mando ordenaba a sus unidades investigadoras suspender sus actividades dado que el Ministerio había congelado el pago de los fondos reservados.
Por este motivo también fue cesado Sánchez Corbí, quien recurrió la decisión en los tribunales sin éxito por el momento. Entre otros motivos, el mando alegó “indefensión absoluta”, pero la Audiencia Nacional avaló el cese en diciembre del año pasado. El juez vio motivada su destitución. Fuentes del entorno de Pérez de los Cobos comunican que el coronel también va a recurrir su cese, según varios medios de comunicación.
Existen otros precedentes de ceses mediáticos. En 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a reincorporar a un veterano comisario afín al PSOE fulminado por el PP. Fue al comisario de Policía Nacional Telesforo Rubio, responsable de la Comisaría General de Información tras la victoria electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.
Fue cesado años después por un Gobierno del PP, concretamente por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. La razón del cese fue la reunión mantenida por Rubio y otro comisario -también cesado- con el diputado socialista Antonio Trevín. La foto de aquella cita, celebrada en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados, apareció publicada en un periódico.
