La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala ha informado al juez que investiga en el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que ha acusado al empresario naviero español Ángel Pérez-Maura de haber cometido los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude por haber concertados el pago de 30 millones de dólares en comisiones al expresidente de este país, Otto Pérez Molina, según consta en un informe recibido esta semana en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El ministerio público guatemalteco ha remitido al juez García Castellón esta información después de que este llamara por teléfono a las autoridades del país para interesarse sobre las pesquisas relacionadas con el proyecto de la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal, que le fue adjudicado a la empresa catalana Group Maritim TCB; y para anunciar que reclamaría una nueva comisión rogatoria.
"En el día de hoy se ha procedido a contactar telefónicamente con la Fiscalía de Guatemala y concretamente con el fiscal Sandoval, encargado de la acusación pública en el procedimiento judicial que se sigue en este país relativo a las transacciones realizadas en torno al Puerto Quetzal al objeto de conocer el estado del procedimiento judicial que se sigue en Guatemala", especifica el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado en un documento enviado a las partes de la pieza separada número cuatro del caso Tándem o Villarejo.
Tráfico de influencias
En concreto, la Fiscalía de este país considera que el empresario español Pérez-Maura se concertó con un grupo de personas, "con la voluntad para cometer múltiples delitos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude, con el único objetivo de obtener beneficios económicos que pudieran generar de la contratación de la obra portuaria", especifica el dosier, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Pérez-Maura, prosigue el informe, llevó a cabo desde 2012, utilizando "intermediarios", el acercamiento con altas autoridades gubernamentales guatemaltecas: "Con el propósito de llevar a cabo un proyecto para la operación de una terminal de contenedores en territorio guatemalteco".
Y los ciudadanos guatemaltecos Juan Carlos Monzón Rojas, en representación del presidente; Juan José Suárez Meseguer, en la de la vicepresidenta, Roxana Baldetti; y Ángel Pérez-Maura García mantuvieron varias reuniones para negociar el montante de las mordidas, que se fijó en 30 millones de dólares.
"Los argentinos"
Este desembolso se realizó con la mediación de unas personas denominadas "los argentinos", entre quienes se encontraban los ciudadanos de este país Mauricio José Garín y Bernardo Arecco, destaca el ministerio público de Guatemala al juez español.
El informe explica, en el mismo sentido, que Suárez Meseguer, con la aprobación de Pérez-Maura, se reunió el 25 de marzo del 2013 en la ciudad mexicana de Cancún con Monzón Rojas. Y en esta reunión se estableció el pago de comisiones ilícitas a los servidores públicos.
De forma paralela al pago de la comisión ilícita convenida, también se realizaron abonos a directivos de los tres sindicatos de la Empresa Portuaria Quetzal, siendo dos de los tres Julio Esquivel Orellana y Julio Zamora Álvarez, denominados como "los Julios".
30 millones
A cambio de la agilización del proyecto, Pérez-Maura habría prometido a los altos funcionarios públicos "un incentivo económico" de 30 millones de dólares: "De los cuales, 5 millones de dólares fueron destinados como comisión a quienes fungieron como intermediarios entre Group Maritim TCB y las autoridades guatemaltecas, y los restantes 24,5 millones de dólares, como beneficio económico ilícito para las distintas autoridades guatemaltecas", prosigue el informe.
Así fue como Pérez-Maura se concertó con un grupo de personas para beneficiarse de la adjudicación del contrato: "Poniendo en peligro y lesionando el orden jurídico protegido y establecido para la contratación pública estatal y lesionando la administración pública a propósito de obtener beneficios ilícitos para si y funcionarios gubernamentales", concluye el ministerio público de Guatemala, que informa al juez García Castellón que la causa está pendiente de juicio.
La investigación sobre el puerto Quetzal no es la primera que golpea al expresidente de este país. En febrero de 2018, el Congreso de Guatemala ya aprobó retirar la inmunidad al entonces presidente del país, Otto Pérez Molina, para que pudiera ser investigado judicialmente por su presunta implicación en la trama de sobornos aduanera que se estudia en el caso La Línea. Por ello, un juez de Guatemala dictó una orden para impedirle que salga del país.
