El Gobierno prepara una respuesta contundente a la decisión de Oriol Junqueras de no remitir los informes de los gastos de la Generalitat, tal y como aprobó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado 21 de julio.
Junqueras ha enviado una misiva al titular de Hacienda en la que califica de "control político" esta medida y que "nada tiene que ver con el objetivo de la estabilidad presupuestaria". La reacción de Hacienda será inmediata. Moncloa conocía desde la noche del miércoles el paso que preparaba Junqueras, quien hasta ahora estaba cumpliendo religiosamente con las exigencias del Ejecutivo. Cada semana se remitían a Madrid, vía la intervención, los números de cada consellería, para evidenciar que no se sufragaba con dinero público gasto alguno referido a la preparación del referéndum.
La filosofía de la respuesta del Estado será asumir el control de los pagos a Cataluña, con la entrega directa a los proveedores y pasando por encima a la Generalitat. Una especie de 'intervención', vía la financiación autonómica, que no afectará a los servicios públicos y en nada afectará a la sociedad, según estas fuentes.
El ministro portavoz, Méndez de Vigo, ya advirtió a Carles Puigdemont que en el caso de que no cumpliera con esta exigencia, el Gobierno central podría suprimir la entrega del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica del que se nutre buena parte de las arcas de la comunidad. Junqueras, en su misiva a Hacienda, asegura que el Gobierno catalán tiene liquidez suficiente para los próximos meses y no precisa de esos fondos. Junqueras ha anunciado su decisión justo el día del arranque de la campaña oficial de la Generalitat en favor del 1-O.
