El ciudadano español que, pese a la inflación y el malestar económico, quiera donar alimentos a las asociaciones que los reparten entre los más necesitados deberá pagar el IVA, mientras que Mercadona, Carrefour y el resto de grandes superficies podrán ahorrarse el impuesto. Es la decisión que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha confesado a los bancos de alimentos en una reunión acontecida este mes de octubre, tras semanas "dando largas" y rodeos sobre el tema a estas organizaciones.
Así lo confirma a Vozpópuli una de las personas presentes en dicha reunión, Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS). En dicho encuentro estuvo presente, por parte del Ministerio de Hacienda, el subdirector general de Impuestos al Consumo, Ricardo Álvarez, mientras que del lado de López se encontraban Francisco Greciano, director de FESBAL (Federación Nacional de Bancos de Alimentos que representa los 52 Bancos de Alimentos de España).
Meses sin aplicar la Ley
Como ya adelantó este periódico, el Gobierno lleva 6 meses sin aplicar la Ley 7/2022 sobre la eliminación del IVA de las donaciones solidarias, una norma que exime a los donantes de alimentos de pagar este impuesto. El objetivo no es otro que incentivar la donación de estos productos básicos en una ciudadanía cada vez más lastimada por la inflación.
El Ejecutivo de Sánchez se ha limitado a dejar que los grandes supermercados supriman el IVA de los alimentos que ellos donan, mientras que los particulares que quieran llevar a cabo tal acción solidaria siguen pasando por la caja del Estado. Esta situación preocupa, y mucho, a los bancos de alimentos, que afrontan en noviembre la 'Gran Recogida 2022'.
En la reunión con Hacienda, López y Greciano insistieron en la necesidad de aplicar de una vez la supresión del IVA a la donación de alimentos. Es más, ANDAS ya compartió en su día con el Gobierno una propuesta logística para que dicha exención del IVA pudiera ejecutarse. Sin embargo, Álvarez señaló, ante la sorpresa de los presentes, que si bien "la Ley es aplicable a las donaciones de las grandes superficies de alimentación, no lo es a nivel técnico para las donaciones que hacemos los más de cuatro millones de ciudadanos que participamos en estas grandes campañas de recogidas de alimentos" -en palabras de López-.
La pirueta legislativa del Gobierno
La Ley, en cambio, dice otra cosa: "Se aplicará el tipo del 0 por ciento a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos definidas". El subdirector general de Impuestos al Consumo propuso a estas organizaciones solidarias como alternativa que hablasen con los grupos parlamentarios de cara a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 donde se inste al Gobierno a que devuelva el IVA obtenido de la 'Gran Recogida 2022' a los bancos de alimentos, de tal forma que puedan invertir en más comida para las personas necesitadas.
Estas organizaciones se pusieron en contacto inmediatamente con diversos grupos parlamentarios y han conseguido que Ciudadanos redacte la enmienda para los presupuestos. El partido de Inés Arrimadas ha sido el más volcado en esta iniciativa, registrando Proposiciones no de Ley (PNL) para que se ejecute esta supresión del IVA hasta en tres comisiones del Congreso (Agricultura, Derechos Sociales y Hacienda).
López confía que esta vez el Gobierno apruebe la enmienda "y que a la mayor urgencia se tramiten los cauces formales necesarios para que los donantes, que somos uno de los más importantes proveedores de recursos de los bancos de alimentos, tengamos el mismo tratamiento que las grandes superficies".
El 7,5% de lo donado para el Estado, en vez de para alimentos
Hace dos años, en la 'Gran Recogida de 2020', se recaudaron 31 millones de euros en alimentos, según datos de ANDAS. Considerando un tipo medio de IVA del 7,5%, alrededor de 2,1 millones de euros no se destinaron a alimentos, sino que fueron directamente a las arcas del Gobierno.
"Lo que pedimos al Gobierno es que esa cantidad pueda ser utilizada por los donantes para donar más alimentos o para que lo que donamos salga más económico, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social están creciendo exponencialmente", subraya el presidente de ANDAS. Además, no hay que olvidar que "esos 31 millones de euros, en definitiva, son una ayuda directa al Gobierno, que no puede atender a todos los necesitados a través de Asuntos Sociales".
El año pasado, los bancos de alimentos ya intentaron a través de una enmienda que estos 2,1 millones se reinvirtieran en comida para la gente necesitada, algo que el Gobierno de Sánchez vetó con un argumento de tres palabras: "Aumento de gasto". Habrá que ver si este año, en el que se ha anunciado un gasto público récord, el Ejecutivo da el visto bueno a esta reinversión solidaria o la veta una vez más.
