El Gobierno ha aprobado este viernes un cambio normativo por el que los propietarios de los suelos en los que se desarrollen yacimientos de hidrocarburos recibirán una retribución equivalente a un 1% del valor de producción anual. Esta medida forma parte de las novedades introducidas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, según ha explicado este viernes el ministro de Industria, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así, ha explicado Soria, la normativa introduce un nuevo tributo sobre el valor de la producción de hidrocarburos en España, basado en el volumen de extracción, de manera que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en el conjunto de la sociedad. También actualiza al alza el canon de ocupación de terrenos que actualmente pagan los operadores petrolíferos con prospecciones autorizadas, al tiempo que se crean nuevos cánones por realizar sondeos y sísmicas.
Además, incluye "mecanismos para que una parte de esos recursos" obtenidos por la vía fiscal reviertan en las "comunidades y entidades locales donde tenga lugar esa extracción", cuando sea terrestre, o "la comunidad autónoma más próxima", cuando sea en mar. De esta manera, la eventual carga fiscal proveniente de las prospecciones petrolíferas que Repsol desarrolla en aguas cercanas a Canarias revertirían en esta comunidad.
Por lo que respecta a los pagos a los titulares de los terrenos, implica que estos obtendrán "no solo un valor de explotación, sino que se les va a retribuir con un 1% del valor de extracción anual". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el objetivo de este cambio normativo es que la carga tributaria "pueda repartirse para dotaciones entre comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos" donde se produzcan los hallazgos.
Según indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Industria el pasado mes de noviembre, una de las razones que justifican este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado en algunas zonas.
