Policías nacionales y guardias civiles también han elevado sus quejas a los Ministerios del Interior y de Educación por las dificultades que sus hijos encuentran en Cataluña para estudiar en castellano. Una polémica que se registró antes del episodio que se vive en la escuela de Canet de Mar, pero que en las últimas jornadas ha vivido un nuevo episodio. Junts per Catalunya registró una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados en las que preguntaba a Moncloa si los agentes protestan por los problemas lingüísticos a los que se enfrentan sus hijos en el caso de ir a vivir, por ejemplo, a Londres. El Ejecutivo insta a que se garantice el aprendizaje en castellano en cualquier rincón de España, como dicta "la legalidad vigente". Los agentes, no obstante, insisten en que el problema persiste en la actualidad.
Las protestas de los agentes se hicieron públicas el pasado mes de agosto, cuando la plataforma Hablamos Español canalizó el malestar que les habían trasladado desde el sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil, remitiendo una carta a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Alegría (Educación y Formación Profesional). En su escrito, Hablamos Español apuntaba que varios policías nacionales les habían comunicado sus dificultades para escolarizar a sus hijos en un centro donde se asegurase su aprendizaje en castellano.
"Los únicos colegios que hemos encontrado para ellos donde el español está mínimamente presente son tres colegios concertados", apuntaban desde Hablamos Español; centros en los que se darían cumplimiento a las sentencias en las que se obliga a impartir un mínimo de un 25% de las clases en castellano. Una opción que muchos de los agentes, no obstante, "no se pueden costear", menos aún si tienen varios hijos a su cargo. Ante esa situación, algunos de los uniformados optan por dividir a la familia, permaneciendo uno de los progenitores en otra Comunidad Autónoma, aseguran desde la plataforma.
En el escrito remitido a los dos ministros, la plataforma sugería que el Gobierno central asumiera el gasto derivado de la escolarización de los hijos de los agentes en centros concertados donde se garantizase el aprendizaje en castellano: "Es de justicia para ellos y para los funcionarios sujetos a movilidad forzosa".
El Ministerio del Interior respondió tres semanas después, mediante escrito firmado por la directora del Gabinete del Ministro. Afirmaba que tomaba "cumplida nota" de las apreciaciones hechas por Hablemos Español y que trasladaría estas inquietudes a Fernando Grande-Marlaska. También que quedaban a la espera de la respuesta que les pudieran ofrecer desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, "órgano competente en la propuesta".
La polémica llega al Congreso
La protesta de los agentes llegó hasta el Congreso de los diputados. Así, la diputada Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, registró una serie de iniciativas para conocer la opinión del Gobierno sobre la escolarización de los hijos de los uniformados en Cataluña. La diputada comparaba las dificultades que se vivirían en la Comunidad Autónoma con los que encontrarían los agentes en caso de trasladarse al extranjero: "¿Le inquieta al Gobierno que los hijos de policías, guardias civiles y funcionarios destinados en Catalunya, que si alguno de ellos decide ir a vivir a Londres no puedan estudiar en español porque allí se habla inglés?".
La representante de Junts también preguntaba al Gobierno si no le preocupaba que los hijos de los agentes y funcionarios en Cataluña "no puedan heredar ese odio que tanto se han esforzado en promover durante décadas" o que "reciban una educación integradora y cohesionadora como los demás alumnos catalanes". Por último: "¿Le inquieta que dejen de ser monolingües y pasen a ser bilingües?".
La respuesta del Gobierno quedó recogida en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del pasado 7 de diciembre. El Ejecutivo señala que las competencias en materia educativa corresponden a las Comunidades Autónomas, "a nivel de ejecución y desarrollo normativo", pero que se "debe garantizar" el aprendizaje del castellano en el caso de que un Estatuto de Autonomía establezca una lengua vehicular diferente en el sistema educativo: "Así ha sido avalado por el Tribunal Constitucional".
Pese a que el caso de Canet de Mar ha sido el más mediático en las últimas semanas, no es la única denuncia por las dificultades de escolarización en castellano que se vive en Cataluña. "No ha habido una respuesta a las peticiones y los hijos de los compañeros siguen sin poder estudiar en Cataluña", aseguran fuentes policiales a Vozpópuli.
