El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya tiene día y hora para declarar como investigado (el término que ha sustituido al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por el caso del ático. Él, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deberán comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, el próximo 18 de abril a partir de las diez de la mañana. Según recoge la providencia por la que la magistrada ordena su comparecencia, a todos ellos se les hará escuchar las grabaciones aportadas por el comisario José Manuel Villarejo con las conversaciones que mantuvo éste, otro policía y el político cuando estalló el escándalo.
La magistrada anuncia que durante el interrogatorio al político, su esposa y el empresario les pondrá la grabación que hizo el policía de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid
La decisión de la juez se produce después de que el fiscal Anticorrupción que lleva el caso, Juan Carlos López Caballero, presentara el pasado 2 de marzo un escrito en el Juzgado solicitando que se tomara declaración al matrimonio para que dieran explicaciones "en relación con los particulares relativos a uso como arrendatarios de los inmuebles situados en la Urbanización Alhambra del Golf, fase III, Bloque 11, planta 2 de Estepona (málaga) y su posterior adquisición a la entidad Coasta Investors Llc", domiciliada en Panamá. Según reconoce el Ministerio Público en dicho escrito, su decisión de pedir la declaración de ambos y Enrique Cerezo "atiende a los hechos que se han puesto de manifiesto a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas, relacionadas con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la presente causa".
Se refiere, en concreto, a aquellas registradas por el comisario Villarejo de la charla que mantuvo en una cafetería con Ignacio González sobre el ático y en la que éste mostró su interés de que no saliera a la luz que él figuraba como arrendatario del inmueble. Según Anticorrupción, de las mismas se puede atribuir al expresidente de la Comunidad de Madrid "hechos que, de ser ciertos, podrían integrarse delitos de cohecho y blanqueo de capitales, en los que también resultaría afectada su esposa". También planteó que por lo mismo fuera citado como 'investigado' el presidente del Átletico de Madrid, quien ya había sido citado anteriormente como testigo pero finalmente no lo había llegado a hacer.
Grabación clave
La importancia que tanto Fiscalía como la propia magistrada dan a las grabaciones del mando de la Policía se pone también de manifiesto por las otras peticiones que esta última hace en la misma providencia sobre las mismas. Así, tras recibir sendos oficios del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil los pasados 17 y 23 de febrero sobre dicho archivo de audio, la juez ordena requerir al comisario Villarejo que remita "el equipo con el que realizó el registro de las conversaciones, junto con los elementos auxiliares (fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión...) así como el soporte de grabación". Pretende con ello que los especialistas del Instituto armado que tienen que elaborar el informe pericial sobre su autenticidad puedan obtener directamente "las conversaciones originales" y no trabajen, como hasta ahora, con una copia de las mismas. Para completar el estudio sobre dicha grabación, también solicita que el policía rellene un cuestionario elaborado por la Guardia Civil sobre las circunstancias en las que se realizó la misma. Incluso, solicita al diario El Mundo, el primer medio que dio cuenta de ellas, que informe si los archivos que colgaron en su página web habían recibido algún tratamiento técnico antes de su difusión.
La juez reclama al comisario Villarejo el "equipo" que utilizó para registrar la conversación con González. Quiere que los peritos de la Guardia Civil lo analicen para dictaminar la valides de la misma
Junto a ello, el juez ordena realizar una tasación pericial del valor de mercado del polémico ático en dos momentos temporales distintos. En primer lugar, en el año 2008, cuando el mismo fue adquirido por la sociedad panameña Coasta Investor Llc. El segundo, en 2012, cuando en pleno escándalo Ignacio González y Lourdes Cavero lo adquirieron de manera formal por 800.000 euros. A todo ello suma la petición a cinco entidades bancarias (Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular) de que remitan información sobre las cuentas que poseía el matrimonio. Esta fue una información que había reclamado en noviembre de 2014 una de las acusaciones, pero que entonces fue desestimada. Ahora, la juez quiere también que se realice una "averiguación patrimonial" del político y su esposa para conocer al detalle todas sus propiedades.
La pista panameña
Finalmente, la magistrada decide reactivar la llamada 'pista panameña' al remitir a las autoridades del país centroamericano una nueva comisión rogatoria para reclamar datos sobre la sociedad Coast Investors Llc, la mercantil 'fantasma' que alquiló y, posteriormente, vendió el ático a Ignacio González. A la anterior petición, la Justicia panameña se había negado a responder al considerar que el delito que se investigaba entonces en España, fraude fiscal, no existía en su legislación y, por lo tanto, no estaba obligado a colaborar ante la falta de "doble incriminación" en un país y otro. Ahora la juez destaca que ese delito ya no es el único y ahora se ha sumado, al menos, uno de cohecho.
La magistrada recupera ahora una petición que hizo en noviembre de 2014 una acusación para que se reclamara a cinco entidades bancarias información sobre las cuentas del matrimonio
Esta información es clave para dilucidar también, si como han pedido algunas acusaciones, en caso es remitido a la Audiencia Nacional para que la investigación se incorpore al 'caso Gürtel', con uno de cuyos 'pelotazos' relacionan dicho ático. Para ello, defienden que esta empresa panameña tiene vinculación con otra que tenía abierta en el mismo país Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama. Hasta ahora, destacaba Anticorrupción en su último escrito, dicha relación "no está acreditada" ya que no se ha confirmado que la supuesta coincidencia entre los agentes residentes en este país que inscribieron ambas sociedades sean coincidentes.
