La Junta de Andalucía ha intentado recuperar el dinero desfalcado con la trama de los ERE. Ha reclamado ante el Tribunal de Cuentas que cada uno de los responsables de aquel saqueo reintegre el menoscabo causado. Hasta ahora se han emitido más de una treintena de sentencias, pero en algunos casos las responsabilidades contables están prescritas. Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo y "responsable contable directo" de varios pagos irregulares, se quedará con 2,5 millones de euros al haberse agotado el plazo de prescripción de cinco años cuando se iniciaron las investigaciones.
Tras 14 sentencias dictadas a su nombre, Guerrero no tendrá que devolver un tercio de lo que se le ha reclamado. En el último año, el Gobierno autonómico le ha exigido el reintegro de 9,6 millones de euros. El órgano fiscalizador le ha condenado a pagar 7,1 millones. El dinero restante no llegará a la Junta por una cuestión de plazos.
Responsabilidades prescritas
Según la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las responsabilidades contables "prescriben por el transcurso de cinco años contados desde la fecha en que se hubieren cometido los hechos que las originen". El órgano fiscalizador ha exonerado al excargo en cuatro sentencias. El pasado mayo libró a Guerrero del pago de 197.030 euros -215.3784 euros sin se incluyen los intereses- en concepto del menoscabo generado a la Administración por la ayuda otorgada a la sociedad Explotaciones Aroche S.L.
Lo mismo acordó en abril, cuando en dos fallos exculpó los perjuicios causados por las subvenciones al Ayuntamiento de Guadacanal -por 374.488 euros- y a la Mancomunidad de Municipios de Aljarafe -por 423.492 euros-. En aquella ocasión, el tribunal consideró probado que Guerrero autorizó los pagos de las ayudas y en un informe de fiscalización puso de manifiesto las "graves irregularidades en su concesión".
El mayor pelotazo hasta ahora para Guerrero ha sido el acuerdo con la empresa Hijos de Andrés de Molina (Hamsa), por el que se le reclamaban 1,9 millones de euros que finalmente no tendrá que reponer. En total, 2,5 millones de euros absueltos porque las responsabilidades contables están prescritas. Los otros dos tercios del monto requerido por la Junta de Andalucía sí tendrá que devolverlos.
7,1 millones a devolver
El Alto Tribunal ha exigido a Guerrero en su falla más reciente, adelantado esta semana por el Diario de Sevilla, el depósito de 3,8 millones por la ayuda concedida a la empresa A Novo Comlink. Los hechos se remontan a mayo de 2005, cuando la mercantil instó un expediente de regulación de empleo por causas económicas, productivas y organizativas con el fin de extinguir 190 contratos de trabajo. En julio de ese mismo año, la empresa logró firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía, representada por Guerrero, y la representación de los trabajadores de la compañía.
En el último año, la Junta de Andalucía ha exigido a Guerrero el reintegro de 9,6 millones de euros
Según la denuncia presentada por la Administración autonómica en junio de 2016, esta subvención habría "incumplido con la mayor parte de los trámites procedimentales". De ahí que considere a la mercantil y a Guerrero, entonces director de Trabajo, responsables contables directos. El Tribunal de Cuentas ha coincidido y le ha condenado a reintegrar el menoscabo causado más los intereses generados; es decir, 4,1 millones de euros.
El órgano fiscalizador ha fallado contra Guerrero en otras nueve ocasiones en el último año. En junio le condenó a devolver 90.081 euros por la ayuda concedida a la sociedad Promociones Vinícolas. En mayo ordenó el pago de 30.000 euros por la subvención otorgada a Sapphire Grupo Empresarial. En abril sumó 96.400 euros a la deuda por el acuerdo que firmó con Muebles Don Formón.
Las subvenciones habrían "incumplido con la mayor parte de los trámites procedimentales"
En marzo requirió 80.000 euros por la subvención a Dehesa Navera y 1,1 millones por la ayuda a Autologística de Andalucía. En febrero el tribunal dictó tres sentencias más: reclamó 520.000 euros por un acuerdo con la Fundación San Telmo; dos reintegros de 276.222 euros cada uno por un acuerdo con FCC y otro con CESPA. En diciembre reclamó 875.000 euros por el menoscabo causado con la ayuda que adjudicó a la Sociedad Cooperativa de Familias Agrarias.
En busca del dinero
El Tribunal de Cuentas va 'rascando' en la trama con la intención de recuperar las ayudas otorgadas. Según señaló el pasado marzo a La Razón el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, se han recuperado más de 20 millones de euros en el marco de la macrocausa. La cifra perseguida hasta ahora aún no se acerca a los 741 millones de euros que según la Fiscalía anticorrupción se desfalcaron con los ERE.
