El Ministerio de Hacienda y Caixabank no serán “acreedores preferentes” de los Duques de Palma sino que tendrán que ponerse a la cola. Es lo que ha dictado el juez José Castro en un auto en el que autoriza a Iñaki Urdangarin y a su esposa, la infanta Cristina, a vender el palacete de Pedralbes pero en el que reclama para los tribunales los beneficios de esa venta sin que ni Cristóbal Montoro ni Isidro Fainé puedan ser los primeros en cobrarse el dinero, 690.920 euros, que entre ambos reclaman a la hermana del rey y su marido.
El juez remite tanto al banco como a la Agencia Tributaria a “su derecho a ser cobrado por cauces distintos sin carácter privilegiado”.
Caixabank firmó el 14 de diciembre de 2010 un contrato por el que daba cobertura especial a la infanta para que pudiera comprar el palacete. En ese contrato, según la escritura de la propia entidad, se ofrecía al matrimonio una “permuta financiera de tipos de interés” por el que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin quedaban obligados a pagar si se producía un vuelco en la cotización del euro. Como consecuencia de ese contrato, la infanta y su marido quedaron a deber –según la reclamación de la entidad—un total de 437.215 euros que Caixabank sólo cobrará después de que los duques paguen a los juzgados la responsabilidad civil que les reclaman.
Castro remite al banco y a la Agencia Tributaria a cobrar "por cauces distintos sin carácter privilegiado”
“No es de la competencia de este Juzgado el pronunciarse sobre la validez de ese contrato de Permuta Financiera de Tipos de Interés así como tampoco sobre si realmente arroja el saldo que se dice en favor de Caixabank”, asegura el auto del juez que, sin embargo, asegura que “sí, en cambio, pertenece al acervo de su competencia el discrepar sobre el derecho preferente a su cobro que parece postularse”.
Además, el marido de la hermana del rey debe a Hacienda otros 253.705,12 euros. “Tampoco deberá gozar su pago de ninguna preferencia respecto al embargo en su día trabado”, dicta el juez José Castro que sostiene que esa deuda no tiene que ver con “los conceptos que se siguen en las presentes Diligencias así como tampoco son las mismas las Administraciones Públicas perjudicadas”.
En total, la reclamación de 690.920€ que deben Urdangarin y señora no tendrá, pues, acreedores preferentes más allá del propio tribunal que ha exigido al matrimonio que antes de vender el palacete "asuman formalmente, con carácter previo a la venta, el compromiso de ingresar en la cuenta de consignaciones del juzgado" una parte del dinero que obtengan de la venta del inmueble para cubrir un total de 2.307.602 euros.
