Decisión con polémica. El Ministerio del Interior ha adjudicado otra vez a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Air Europa Líneas Aéreas SAU y Swiftair SA el contrato de cerca de 12 millones de euros para deportar por vía aérea a miles de inmigrantes irregulares durante los próximos 18 meses. Es la tercera vez que la unión de ambas compañías se hace con este contrato desde que el departamento de Jorge Fernández Díaz firmara el primero en 2013. Sin embargo, en esta ocasión la decisión del Gobierno viene rodeada de polémica ya que una segunda oferta, presentada por la UTE de Evelop Airlines SL, Orbest SA (ambas filiales de Barceló Viajes SL) y Air Nostrum LAM SA, recogía mejores precios y se le dio la mejor puntuación en la Mesa de Contratación. Sin embargo, fue descartada 'in extremis' por una supuesta deficiencia relacionada con los títulos de los pilotos de sus aeronaves que las compañías niegan.
Los "vuelos de la vergüenza", como los denominan las ONG, costarán al erario 11.880.000 euros, IVA incluido, durante los próximos 18 meses
Así se recoge en las diferentes actas del concurso a las que ha tenido acceso Vozpópuli y en las que se detalla todo el proceso que concluyó el pasado 27 de abril. Según dicha documentación, el contrato por 11.880.000 euros, IVA incluido, se licitó el pasado 17 de diciembre mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto. El objeto del mismo era el alquiler de aviones con los que expulsar de nuestro país o trasladar a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) a miles de inmigrantes irregulares durante 18 meses repartidos entre 2016 y 2017. Son los que la ONG siempre ha calificado de manera crítica como "vuelos de la vergüenza".
El 25 de febrero, la Mesa de Contratación propuso para la adjudicación a la UTE formada por las dos compañías aéreas de Barceló Viajes y Air Nostrum, al considerar que su propuesta era mejor que la que habían presentado Air Europa y Swiftair en los cinco apartados recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. De hecho, las primeras lograron 96 puntos, frente a los 70,57 que habían conseguido las que hasta ahora venían fletando los vueltos para la expulsión de los inmigrantes. Sin embargo, el procedimiento se frenó dos semanas después tras revisar la Mesa de Contratación la documentación sobre solvencia técnica de la UTE adjudicataria y constatar que la misma no cumplía todos los requisitos. En concreto, en su informe reflejaron la ausencia de determinadas certificaciones relacionadas con las aeronaves bimotor que se iban a utilizar en los vueltos de corta distancia y la falta de validez de la enseñanza recibida por los pilotos de dos de las tres compañías que conformaban la unión de empresas.
"Excluidos" por falta de certificados de enseñanza
Según se refleja en el acta de la siguiente reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el 31 de marzo, Barceló Viajes consiguió salvar parte de las pegas puesta por los responsables de Interior, pero no la de los certificados de enseñanza de sus pilotos pese a que alegó que los mismos eran adiestrados por una empresa danesa, CAE Formación, que cumplía con todos los requisitos internacionales. Por ello, aquel mismo día se dio por "excluida" a la UTE formada por Evelop Airline, Orbest y Air Nostrum, y se comenzó la revisión de la documentación presentada por Air Europa y Swiftair que pasaban a ser las adjudicatarias. Curiosamente, también se encontraron deficiencias en éstas, en su caso referidas a los certificados de aeronavegabilidad de siete aeronaves y de matrícula de otras tres. Sin embargo, dos semanas después, ambas compañías las subsanaban y el contrato era adjudicado a las mismas.
El 31 de marzo, Interior excluyó a la UTE encabezada por Air Nostrum al no subsanar unos errores en la titulación de sus pilotos que las compañías niegan
Finalmente, el pasado 21 de abril, Interior redactaba la resolución de adjudicación y seis días más tarde el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmaba la misma. De este modo, Air Europa y Swiftair se hacían por tercera vez consecutiva con el contrato. La primera vez había sido en 2013. Entonces, el Ministerio del Interior lo adjudicó mediante el procedimiento de contrato negociado. El importe fue de 11.880.000 euros, idéntico al que se ha decidido ahora. En 2015, el Ministerio realizó el segundo concurso, aunque ya en abierto. Sin embargo, esta UTE fue la única que se presentó, por lo que volvió adjudicárselo. El valor del mismo se elevó en este caso a 11.985.600 euros.
A partir del 16 de mayo
El pliego de condiciones del concurso ahora adjudicado fija que la ejecución del mismo debe iniciarse el próximo 16 de mayo, que es cuando se cumple un año del que actualmente está en vigor, y se prolongará durante año y medio hasta casi finales de 2017. De hecho, el gasto se distribuye en estos dos años: 4,3 millones para los siete meses y medio en los que estará en vigor durante 2016 y los 7,6 millones restantes para los once meses del siguiente periodo. En total, está previsto que Interior desembolse mensualmente 660.000 euros para fletar estos vuelos. El pliego contempla la posibilidad de que "la totalidad o parte" de dicha cantidad sea financiada por la UE a través de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex).
El Gobierno gastará 660.000 euros al mes hasta noviembre de 2017 en fletar vuelos para expulsar a inmigrantes irregulares
No obstante, no todos los vuelos costarán lo mismo. De hecho, Interior ha estructurado el contrato en cuatro categorías diferentes en función de la cifra de pasajeros que pueda trasladarse en cada aeronave. Así, la primera, con aviones de menos de 75 plazas y que son los habitualmente utilizados para trasladar inmigrantes a Ceuta y Melilla para su posterior expulsión por tierra a Marruecos, supone un precio sin IVA de 9.000 euros por cada hora de vuelo y 1.500 euros por cada hora que el aparato esté en tierra durante el operativo. En el extremo opuesto, la categoría número cuatro, que contempla los vuelos más masivos, con más de 200 plazas, a destinos lejanos. En este caso, el coste para el erario público será de 22.000 euros y 3.000 euros respectivamente.
Más de 26.000 inmigrantes en cinco años
Entre 2010 y 2014, el Gobierno ha deportado por vía aérea a más de 26.000 inmigrantes, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. De 2015 aún no existen datos oficiales ya que Interior mantiene un alto nivel de secretismo sobre los mismos. De hecho, es la Defensora del Pueblo quien facilita públicamente más detalles sobre este polémico procedimiento de expulsión. Así, en su comparecencia en el Congreso del pasado mes de junio, Soledad Becerril detalló que en los doce meses de 2014 España fletó un total de 134 de estos vuelos en solitario o en colaboración con Frontex con los que trasladó a sus países de origen a 3.373 inmigrantes. El año anterior habían sido 148 los vuelos y 3.111 el número de 'sin papeles' expulsados.
De los de 2014, la mayoría fueron nacionales con destino final en Ceuta o Melilla. En la primera ciudad norteafricana aterrizaron 80 para deportar a 1.555 personas a Marruecos. A la segunda llegaron 19 que sirvieron para expulsar a 82. En cuanto a los vuelos internacionales, la Policía española organizó 18 para trasladar por la fuerza a 698 personas fundamentalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador. Asimismo, España participó en 17 vuelos conjuntos organizados por Frontex con destino a países como Pakistán, Georgia, Macedonia o Albania en los que embarcó a 237 extranjeros.
