El Ministerio de Interior ha creado un gabinete jurídico para centralizar todas las denuncias de policías y guardias civiles desplegados en Cataluña en el marco del referéndum del pasado 1-O por los episodios de acoso sufridos en los últimos días en el desempeño de sus funciones.
La Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de centralizar todas las actuaciones a través de un gabinete jurídico específico creado a tal efecto y activado con dos puntos de contacto para ambos Cuerpos en el que se recogerán sus denuncias por acoso sufrido por ellos mismos o sus familias.
En este marco, se actuará en los procedimientos judiciales actualmente abiertos como es el caso de la denuncia por inacción de los Mossos d'Esquadra que actualmente se sigue en ocho juzgados de instrucción de Cataluña o la investigación y persecución por acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyas diligencias ya asume el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, y sobre la que se reclama que incluya además a hijos de agentes y esposas o novias.
Se incluye también el procedimiento en la Audiencia Nacional por un delito de sedición, por el que ha sido llamado a declarar el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, la intendente de la policía catalana Teresa Laplana Cocera, y los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Estos compromisos han sido trasladados por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en una reunión mantenida con representantes de las once organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y a la que también ha asistido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
En un comunicado conjunto, las once organizaciones de Policía Nacional y Guardia Civil se han felicitado de que el Ministerio haya dado una "respuesta contundente" a sus demandas al activar "un escudo legal" frente a una campaña de acoso "intolerable, que busca la impunidad para quienes tratan de subvertir el orden constitucional y romper el Estado de Derecho".
Retirada de medallas
Paralelamente a estas medidas, la Secretaría de Estado de Seguridad ha comunicado a los sindicatos que remitirá una comunicación formal a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra que han recibido en algún momento una medalla de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en la que les instará a un "posicionamiento formal sobre el ordenamiento legal y la lealtad a los principios constitucionales" bajo la advertencia de retirada de esta condecoración en caso de no producirse.
En el encuentro, los cinco sindicatos policiales y las seis asociaciones profesionales de la Guardia Civil presentes han reclamado a Interior que el pago de la retribución por participar en el despliegue de Cataluña se acelere al máximo. Ante esta petición, el Ministerio les ha confirmado que ya había dado instrucciones para que el desembolso del dinero se ejecute este mismo jueves, día 5.
Igualmente, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido se ha comprometido a adoptar "medidas internas" para mejorar la comunicación y atender con mayor celeridad a las "necesidades y problemas" que les trasladen. En este sentido, Interior ya avanzado que reubicará al contingente en barcos, hoteles e instalaciones militares al prolongarse el despliegue hasta mediados de la próxima semana.
Finalmente, en materia de equiparación salarial --una demanda recurrente por parte de ambos Cuerpos--, el ministro ha condicionado esta medida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Si hay Presupuestos, habrá mejoras", les ha trasladado.
