La acusación popular ejercida por Izquierda Unida ha recurrido la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo de archivar la investigación por la presunta comisión de 200.000 euros que recibió en el año 2007 el Partido Popular de Castilla La Mancha para sufragar los gastos de la campaña electoral de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
En el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, IU sostiene que en esta causa "como en otras instruidas en las que aparecen vinculado el Partido Popular, se han puesto de manifiesto diversos elementos indiciarios que ponen de manifiesto que nos encontramos antes conductas constitutivas de un delito electoral, en este caso por el falseamiento de cuentas electorales con ocasión de las elecciones de 2007 celebradas en Castilla La Mancha".
Esta acusación critica la decisión del juez de decretar el sobreseimiento libre -el equivalente en derecho a cosa juzgada- y dar así cerrojazo a la causa donde se encontraban imputados al exalcalde de Toledo José Manuel Molina, a otros siete concejales del PP que conformaban la Junta de Gobierno Local en 2007, cuando se produjo la adjudicación del contrato, y al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, declaró en la Audiencia Nacional que la filial de Sacyr, Sufi, donó 200.000 euros a la campaña de Cospedal a cambio de que se le adjudicase el contrato municipal de basuras. Se trata de la única donación que el ex senador popular calificó de "finalista". Bárcenas manifestó que él mismo había entregado el dinero a Cañas y éste admitió haber firmado un recibí.
Bárcenas manifestó que entregó el dinero al gerente del PP de Castilla la Mancha y éste admitió en la Audiencia Nacional haber firmado un recibí por el mismo
Desde IU se defiende que no se debería haber archivado la causa puesto que "existen elementos más que suficiente para acordar la continuación del procedimiento (...) no pudiendo en ningún caso estimar que faltan los elementos del tipo de prevaricación pues tal y como hemos explicado y detallado han quedado suficientemente acreditados" en aquella adjudicación del contrato de basuras suscrito entre el Ayuntamiento de Toledo y Sufi.
Falseamiento de cuentas
Además, los recurrentes argumentan que "existen más de diez informes específicos realizados por personal tanto de fuera de la propia Administración (IGAE, AEAT, funcionarios de la UDEF), como del propio Consistorio que demuestran la ilegalidad de la actuación realizada por parte de la corporación municipal así como la entrega de dinero por parte de la mercantil".
En ese sentido, Izquierda Unida recalca que si bien "la financiación ilegal o irregular del partido político inicialmente sólo es sancionable administrativamente, habrá que advertir que, presuntamente, se ha cometido el delito electoral de falsear las cuentas oficiales con el fin de eludir el control administrativo sobre su financiación lo que sí sería constitutivo de delito".
"Cabe decir que un precedente sobre financiación ilegal de partido, para cuya finalidad se falsearon datos contables, el conocido como caso Filesa, no incluyó condena alguna por este delito, puesto que ninguna de las acusaciones lo mencionó, pese a que el Tribunal Supremo sí advirtió la existencia de ese delito. Esta acusación popular así lo ha hecho como se desprende de su actuación en la querella interpuesta en su momento y de la acusación que realiza", argumenta la acusación popular.
Por todo estos motivos, IU solicita al juez de Toledo que reabra la investigación de esta causa "habida cuenta de la existencia de indicios racionales de criminalidad que lo hacen procedente".
