Dos visiones diferentes para una misma investigación. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, y los responsables del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se encarga de investigar a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, siguen mostrando serias discrepancias sobre los pasos a seguir en las pesquisas sobre éste. La última, la decisión del magistrado de rechazar el registro de la vivienda del hijo del exmandatario catalán que le habían pedido los agentes.
La Policía esperaba encontrar documentación incriminatoria en la casa del hijo de Pujol ante el previsible retraso de Andorra y Suiza en enviar la información pedida
El instructor, que siempre se ha mostrado cauto a la hora de ordenar medidas que afectan a derechos fundamentales de los sospechosos, cree que los indicios apuntados hasta ahora por los informes policiales no son suficientemente sólidos para autorizar una actuación de estas características. Desde Interior, sin embargo, se considera que para que el caso avance es necesario este tipo medidas ante la más que previsible lentitud de las autoridades de Andorra y Suiza en remitir la documentación pedida en las recientes comisiones rogatorias. Los agentes esperaban encontrar documentación que apuntalasen las sospechas de irregularidades sobre los negocios investigados.
No es la primera vez que el juez Ruz rechaza solicitudes policiales en este caso. El pasado 2 de agosto el diario El Mundo ya recogía el malestar que había causado en la Policía que el magistrado echase para atrás 9 de las 12 peticiones de diligencias que habían reclamado. Entre ellas se encontraban varios requerimientos de documentación, incluida la solicitud a la Generalitat de Cataluña de la copia concreta de varios expedientes de adjudicaciones relacionados con los negocios en los que había intervenido Jordi Pujol Ferrusola.
Medio millón de euros por declarar
También pidieron que se tomara declaración a diversos testigos, como al empresario argentino Gustavo Shanahan, con el que el hijo del expresidente de Cataluña participó en una inversión en un puerto fluvial en el país sudamericano y que ya había utilizó un diario español para airear las presuntas irregularidades del negocio. Ésta última petición ha sido finalmente aparcada por la propia Policía después de que dicho empresario pidiera 500.000 euros por desplazarse a España para prestar su testimonio.
Ruz también rechazó tomar declaración al socio argentino de Jordi Pujol Jr. El empresario había pedido medio millón de euros para acudir a la Audiencia Nacional
La Policía considera que el ritmo que el magistrado ha imprimido a la investigación es demasiado lento y que, de hecho, la declaración que este lunes tomó a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, Mercé Gironès, debía haberse producido mucho antes. Altos cargos del Ministerio del Interior consultados por Vozpópuli insisten en que el hecho de que las pesquisas estén desperdigadas por diferentes instancias judiciales (además de Ruz, tienen abiertas diligencias su compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, así como la Fiscalía Anticorrupción) dificulta las pesquisas sobre el 'clan Pujol' ya que consideran que "todo está relacionado".
Además, estiman que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no es el más indicado para continuar con ellas, entre otros motivos, porque en su momento archivó la investigación y tuvo que ser una sala de órgano judicial el que le ordenara reabrirla a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, sin embargo, la representante del Ministerio Público en la causa parece haberse alineado con el magistrado. Ella, como el magistrado, considera poco consistentes los indicios recogidos por la UDEF en su último informe, el de junio, para justificar una medida como el registro domiciliario.
De hecho, la fiscal dio este lunes una muestra evidente de que las supuestas pruebas recogidas por la Policía en aquel documento son aún endebles: no pidió al juez para el hijo del exmandatario catalán ninguna medida cautelar para éste. Ni el ingreso el prisión, ni la retirada de pasaporte ni tampoco la obligación de comparecer ante un juzgado periódicamente. Y ello a pesar de que los agentes apuntan a que Jordi Pujol Ferrusola presuntamente acumula grandes cantidades de dinero en el extranjero. Esa actitud, respaldada también por la Abogacía del Estado, explica el optimismo que mostró ante los periodistas el abogado Cristóbal Martell, defensor del primogénito del expresidente de la Generalitat, al término de la declaración de éste.
Las denuncias de las que Ruz pasó de largo
No es la primera vez que el magistrado se muestra reticente con informes sobre la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) fue la primera en acudir al juez Ruz para trasladarle sus investigaciones. El propio director de la OAC, Daniel de Alfonso Laso, y uno de sus directores funcionales se reunieron con el magistrado el día 19 de marzo e intentaron darle traslado de los dos documentos que habían elaborado sobre operaciones realizadas por el hijo del político en Puerto Madero (Argentina) y sobre otras denuncias. El magistrado no aceptó esos informes y les remitió a la Fiscalía Anticorrupción.
Responsables de la Oficina Antifraude de Cataluña intentaron entregar en marzo documentación a Ruz. Éste la rechazó y les remitió a la Fiscalía
El día 5 de abril, los responsables de Antifraude entregaron en mano a la teniente fiscal, Belén Suárez, estos dos documentos, así como la transcripción del interrogatorio al que la OAC había sometido a la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y una copia de los teléfonos móviles y discos duros que ella había entregado. Fuentes de la Audiencia aseguran que la maniobra del magistrado fue correcta porque permitía al Ministerio Público valorar las pruebas antes de incorporarlas al sumario. Sin embargo, otras fuentes jurídicas critican, como la Policía, que la lentitud en la instrucción del caso puede haber permitido a los Pujol destruir pruebas.
