"Cuando algún servidor público ha cometido una irregularidad, el Estado de Derecho ha funcionado". Con esta palabras ha replicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, quien había asegurado que el Estado "ha contraído cierta deuda moral con la sociedad" por haberse "propasado en su respuesta a las agresiones de ETA".
"Yo no voy a polemizar con la Iglesia", ha manifestado el titular de Interior, aunque ha señalado que "poner en el mismo plano al Estado y a ETA es una ofensa". Uriarte había reclamado al Gobierno que pida "perdón" por los "excesos" cometidos por las Fuerzas de Seguridad en su combate contra el terror. "A los etarras se les recibe como héroes. ¿Alguien se imagina homenajes en Alcàsser para recibir a Miguel Ricart? Eso da para reflexionar", ha subrayado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que no ha estado presente la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que preside Ángeles Pedraza.
En cambio, sí han acudido otros colectivos como Dignidad y Justicia (DyJ), de Daniel Portero, o la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, de Pilar Manjón. En cuanto a la representación política, el ministro ha estado respaldado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia y Empleo, Alberto Ruiz-Gallardón y Fátima Báñez. Asimismo, se han desplazado desde el País Vasco hasta Madrid, la presidenta del PP de esta comunidad, Arantza Quiroga, su secretario general, Iñaki Oyarzábal, y Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA. Asimismo, ha asistido la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Nadie del entorno de Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, se ha dejado ver.
Además, el ministro del Interior ha señalado que faltan por ser excarcelados "dos o tres" miembros de ETA en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derogó la 'doctrina Parot'. Según los datos de su departamento, ya han sido excarcelados 58 miembros de ETA a raíz del fallo de Estrasburgo. En total, son más de 60 los presos de ETA que se han visto beneficiados por esta sentencia europea, pues hay algunos que ya se encontraban en libertad condicional. También ha apuntado que faltan por abandonar la cárcel "un miembro de los GAL, cinco de los Grapo y alguno del Ejército guerrillero gallego".
Con la polémica por las excarcelaciones masivas aún servida, el ministro del Interior sacó pecho de la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy y recalcó "si la etarra Inés del Rio no salió antes de la cárcel, en junio de 2012, es porque el Gobierno recurrió en Estrasburgo". "Dura lex, sed lex. Si no nos gustan las leyes las cambiamos, pero no las incumplimos. El fallo Parot es de obligado cumplimiento", enfatizó Fernández Díaz.
Este diario intentó preguntar al ministro que, si bien la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tiene la última palabra, por qué no promovió el Gobierno de Rajoy el cese del juez español López Guerra antes del 'fallo Parot', como hizo el Ejecutivo de Zapatero con su predecesor, el magistrado Javier Borrego, cuando sólo llevaba cuatro años en el cargo. Gallardón defendió recientemente la continuidad de López Guerra porque su mandato, que se inició en 2007 es de "nueve años e inamovible". Sin embargo, los organizadores del desayuno silenciaron esta pregunta.
