No es una negociación voluntaria, sino más bien forzada. Pero es una negociación al fin y al cabo. Alentadas por el Tratado de Lisboa, las organizaciones patronales y sindicales de la Unión Europea andan inmersas en conversaciones desde el pasado mes de noviembre sobre la Directiva del Tiempo de Trabajo, vigente desde el Tratado de Maastricht de 1993.

Revisada por última vez en 2003, la DTT (Working Time Directive, en inglés) establece, entre otras cosas, un máximo de 48 horas laborales. Sin embargo, hay una cláusula (la llamada cláusula opt-out) que permite a las empresas de los países miembros de la UE pactar por encima de ese límite. La opt-out es defendida, entre otros, por Alemania, Reino Unido o Polonia. No así por España.

Las 65 horas y el "informe Cercas"

La Comisión Europea recomendó en 2004 eliminar la opt-out, pero la oposición de varios países, sobre todo la de los tres arriba citados, impidió tal cosa. En 2008 tuvo lugar una polémica aún mayor: el Consejo de los Ministros de Trabajo de la UE –que aglutina a los titulares de Trabajo de los 27- aprobó una nueva directiva para aumentar el techo semanal hasta las 65 horas. Ante el escándalo que esa decisión produjo, el Parlamento Europeo reaccionó con el “informe Cercas”, una serie de enmiendas promovidas por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas que bloquearon la decisión del Consejo.

“La negociación actual está abocada al fracaso. Las posiciones están enfrentadísimas. Hay una patronal europea que quiere cargarse toda la legislación laboral comunitaria y volver al contrato civil del siglo XIX”, comenta desde Bruselas el propio Alejandro Cercas, que sigue de cerca a los agentes sociales. Los eurodiputados españoles del PP tampoco están por la labor: no pocos de ellos manifestaron públicamente su pesar en 2008, cuando el Consejo de ministros de Trabajo avaló la jornada de 65 horas.

Posiciones encalladas

Actualmente, tiempo no es lo que les falta a los agentes sociales comunitarios, ya que tienen hasta otoño, de acuerdo con las prerrogativas del Tratado de Lisboa (en vigor desde finales de 2009). Las posiciones de las organizaciones empresariales (representadas en BusinessEurope y en UEAPME, que vendrían a ser lo mismo que CEOE y Cepyme) y sindicales (Confederación Europea de Sindicatos, CES) han encallado, según diversas fuentes.

Los patronos reclaman que las horas de guardia en determinadas profesiones (como los médicos) no se contabilicen como horas de trabajo. Las centrales, a su vez, exigen el fin de las opt-out para que no se vaya más allá de las 48 horas. Lo que saldrá, si es que se llega a algún acuerdo, es una incógnita.