Durante días abren los informativos de todas las televisiones, ocupan páginas y páginas en los diarios de papel y espacios destacados en los digitales. Sus nombres son repetidos por gente que ni siquiera sabe en qué juzgado se ubican, pero que los identifican como aquellos que han puesto un poco de esperanza en el descontento general y contra la sensación de impunidad que se ha impuesto entre los españoles.
Por cuestión de competencias, los que principalmente suenan son los titulares de alguno de los seis Juzgados Centrales de Instrucción -en la Audiencia Nacional-, aunque no son los únicos. Nombres como el de la sevillana Mercedes Alaya o el cordobés ubicado en Palma de Mallorca, José Castro, son también habituales en los medios. Entre todos, acumulan decenas de causas que en algunos casos, especialmente en los más sonados por corrupción, que se prolongan en el tiempo de manera desesperante. La mayoría de ellos 'huye' de la denominación de 'juez estrella', pero ¿quiénes son?
Una de las últimas tramas destapadas ha sido la 'Operación Púnica', que ha terminado con la entrada en prisión del que fuera 'número 2' del PP madrileño, Francisco Granados y su socio David Marjaliza, ambos como cabecillas de una red que cobraba importantes mordidas por contratos fraudulentos. La causa ha terminado en manos del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desde 2008. Nacido en Bilbao en 1963, decidió probar suerte en la política y en 1995 fue nombrado director de Justicia durante los dos gobiernos de Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana, cargo del que fue destituido en 2003 por desavenencias con el siguiente gobierno electo.
Desde que llegó en 2008 a la Audiencia Nacional ha llevado causas como las nuevas capturas por los atentados del 11-M, el proceso contra Arnaldo Otegui o la petición a Irlanda de la extradición de Iñaki de Juana Chaos. Contrario a la restricción del Congreso de la jurisdicción universal, previamente había preguntado a Estados Unidos sobre las torturas en Guantánamo, instruyó el asesinato de seis jesuitas españoles en El Salvador o emitió autos para abrir una investigación formal por la conexión entre ETA y las Farc colombianas. Más recientemente, se encargó de la 'Operación Laurel VIII' en la que cayeron varios miembros de la camorra italiana, en concreto del clan de los Polverino, y la 'Operación Crucero' sobre el saqueo de Viajes Marsans. Precisamente esta semana el propio Velasco decidía mantener a Gerardo Díaz Ferrán en prisión preventiva durante dos años más.
Los casos que instruye Pablo Ruz hacen temblar Génova desde la trama Gürtel, que a su vez dio lugar a los llamados 'papeles de Bárcenas' que poco después desembocaron en la caja B del PP
El 'azote' del PP
Probablemente si hay un juez que está inquietando a los 'populares' en los últimos meses, ese sea Pablo Ruz. Titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 desde 2010, tiene entre manos algunas de las causas más mediáticas de los últimos años, especialmente en lo que a política se refiere. Sobre él cayó la investigación de la trama Gürtel, que tuvo que terminar troceando para enjuiciar a 45 imputados. De ella abrió la pieza separada con los llamados 'papeles de Bárcenas', que a su vez propiciaron una más por la contabilidad en B del partido. Precisamente por este caso del extesorero popular protagonizó una importante confrontación con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, quien reclamaba para sí la investigación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP.
Minucioso en la aplicación de la justicia, tan tranquilo como discreto, creó la plataforma progresista Otro Derecho Penal es Posible junto a su mentor, y cuenta con antecedentes tan mediáticos también como el caso Faisán, la Operación Malaya o el caso SGAE. Entre ellos, también se encargó del caso Pescanova, de las torturas en Guantánamo o del caso Angora sobre la venta de armas a Angola. Más recientemente ha decidido sentar en el banquillo al padre de Neymar y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por el fichaje del jugador brasileño y está inmerso en la instrucción de los posibles delitos de Jordi Pujol Ferrusola. Tres de los casos más conflictivos ahora mismo coinciden en el tiempo en su despacho mientras recibe importantes críticas por la dilación en el tiempo de su instrucción.
Otro de los jueces mediáticos por las causas instruidas es Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de instrucción 1 desde 2005. Natural de Salamanca y tras pasar por juzgados de San Sebastián, Jaén o Almería, aterrizó en la Audiencia Nacional donde ha lidiado con el proceso de De Juana Chaos y los cachorros de ETA, el de Aguas de Valencia, Afinsa y el de Banco de Valencia. Más recientemente instruyó el escándalo de Gowex, en el que su fundador, Jenaro García, eludió la cárcel tras pagar la fianza de 600.000 euros que le impuso Pedraz.
Pero si hay un caso que le ha definido durante años ha sido el de la muerte del cámara José Couso en el Hotel Palestine de Bagdad (Irak) en 2003. Pedraz, que llegó a viajar a Irak junto a Jon Sistiaga, compañero de Couso en la cobertura bélica y a otros periodistas testigos para reconstruir el asesinato, se negó a archivar el caso tras la entrada en vigor de la limitación de la justicia universal amparándose en que contradice la cuarta convención de Ginebra. Además, cuando se produjo la convocatoria de 'Rodea el Congreso' en 2012 decidió dar carpetazo al caso contra los ocho detenidos por convocarlo con un escrito en el que llegó a cargar contra Policía y políticos por su manera de actuar en ese asunto.
Pedraz, con casos a sus espaldas como Gowex, Afinsa, Banco de Valencia o el proceso de De Juana Chaos, se negó a cerrar su instrucción de la muerte de José Couso con el fin de la justicia universal
Su último 'regalo mediático' ha sido la investigación de los negocios del pequeño del clan Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, en libertad con cargos después del registro de su casa en busca de pruebas de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Los errores, con lupa
También ha ocupado numerosos titulares el responsable del Juzgado Central de Instrucción 4, Fernando Andreu, que desde 2002 ha estado ante los focos por sus decisiones, especialmente por su faceta legalista a la hora de enfrentarse a las manifestaciones del entorno de ETA. Escrupuloso y trabajador según fuentes judiciales, ha llevado casos como los asesinatos de Lasa y Zabala cuando era juez instructor en San Sebastián, el proceso contra 40 cargos públicos por delitos de lesa humanidad en Ruanda o un bombardeo en Gaza en 2002 por parte de Israel, lo que evidencia su defensa de la Justicia universal. Además, estuvo presente junto a su homóloga argentina en la primera declaración de víctimas del franquismo en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, si la instrucción de estos casos ocupa de por sí importantes espacios en los medios, también lo hacen los posibles errores. Sobre Andreu pesa la puesta en libertad del cabecilla de la trama de la Operación Emperador, Gao Ping, tras haberlo tenido detenido más de las 72 horas establecidas como máximo legal. También decidió no ir más allá con Emilio Botín cuando se descubrió que había ocultado 2.000 millones de euros en Suiza, por lo que el juez optó por dejarle regularizar los rendimientos del dinero recibido como herencia de su padre, pagar las deudas contraídas y cerrar la causa.
Fernando Andreu sentó en el banquillo a Rato, Blesa y Sánchez Barcoj por las tarjetas opacas de Caja Madrid pero vio cómo un error de forma le forzaba a dejar en libertad a Gao Ping en la Operación Emperador
Mirado con lupa tras actuaciones como las dos últimas, ahora se enfrenta con la macrocausa del caso Bankia, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, la venta de preferentes y más recientemente, en pieza separada, las tarjetas opacas de los consejeros, por lo que llamó a declarar a Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj, a quienes impuso sendas fianzas por responsabilidad civil para eludir el embargo de sus cuentas (salvo a Barcoj).
No sólo en la AN
Pese a que el tipo de delitos investigados centra la atención en la Audiencia Nacional, también existen ejemplos de jueces que no pueden presumir de anonimato por sus funciones en otros juzgados. Uno de ellos es José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y célebre instructor del caso Palma Arena en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas, quien acaba de conseguir su tercer grado penitenciario. En medio de la investigación tuvo que lidiar con una rama más mediática aún de la misma: el caso Nóos, una instrucción que ha concluido con la primera imputación de un miembro de la Casa Real. Castro ha mantenido desde el primer momento la condición de colaboradora necesaria de la infanta Cristina para los presuntos delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin, de manera que, tras hondas discrepancias con el fiscal Pedro Horrach, la hermana del rey ha sido imputada por delito fiscal aunque no por blanqueo de capitales.
Mención aparte merece también la única mujer que se ha colado en estas macrocausas. La sevillana Mercedes Alaya acapara gran parte de la actualidad judicial andaluza desde hace años. Impecable, inquisitiva, fría, distante y seria han sido algunos de los calificativos que le han dedicado quienes han coincidido con ella en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Su salto a los informativos se produjo con los ERE fraudulentos, que tiene casi tantas piezas separadas como empresas investigadas en la trama, la mayoría de ellas aún en sus manos pese a algunas discrepancias.
Impecable, inquisitiva, fría, distante y seria han sido algunos de los calificativos que le han dedicado quienes han coincidido con Alaya en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
Previamente, había llevado el caso Lopera, por un delito societario contra el expresidente del Real Betis, y el caso Mercasevilla, que dio origen a la posterior investigación sobre los ERE. Hace apenas una semana ha acumulado una nueva investigación: la llamada Operación Enredadera, una trama creada en torno a la empresa Fitonovo que ha terminado con numerosos detenidos, entre ellos funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía. De sus manos escapó, respecto al fraude en los cursos de formación, la Operación Edu, pero sí instruye la denominada Operación Óscar en la que fue detenido el exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda.
Se trata, en la mayoría de los casos, de decenas de casos simultáneos, algunos de ellos de especial relevancia y que los jueces van resolviendo con una manifiesta falta de medios de la que llevan tiempo quejándose. Esta semana, en concreto, la asociación Jueces por la Democracia ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia y contra el CGPJ por la sobrecarga de trabajo que padecen los magistrados españoles, como recogía este diario.
En la misma línea se manifestaba el propio Eloy Velasco ante la prensa al ser preguntado tras un acto al que acudía como experto sobre la delincuencia en la red. "Estoy llevando 60 casos como la Operación Púnica a la vez. Yo necesito interventores que me expliquen contratación administrativa, economistas que me hagan cálculos de cuotas, tributalistas, fiscalistas... No es que haya más corrupción, sino que estamos más preparados y mejor asesorados. El ser humano es corrupto", decía para reflejar la falta de medios para trabajar a la que se enfrentan.
