"Haremos sólo una breve referencia a que, en opinión de esta instructora, no resulta muy lógico que determinada información no llegara al señor Franco". La juez que ha acordado el archivo de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid ha enviado un mensaje al Ministerio de Sanidad. En el auto de 51 folios, recogido por Vozpópuli, la magistrada ha subrayado el hecho de que el 6 de marzo la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación solo remitió su comunicado sobre celebración de reuniones multitudinarias a la Federación de Entidades Evangélicas de España y no incluyó a la Delegación.
Según recoge la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, "no consta que [José Manuel] Franco tuviera conocimiento del mismo". La juez ha considerado que ello "no deja de ser llamativo toda vez que 'dada la distribución competencial' (...) pareciera lógico que el Delegado del Gobierno en Madrid hubiera sido uno de sus destinatarios".
La juez Carmen Rodríguez-Medel ha hecho hincapié en que Franco era la "autoridad competente para prohibir o establecer precauciones en actos multitudinarios". Y ha recordado que a dichos eventos podían participar personas procedentes de países donde se hubiese "constatado la transmisión del virus". "Dicho de otro modo ¿qué garantía existía de que no hubiera personas procedentes del norte de Italia entre el millón de asistentes previstos o entre los cientos de miles que suelen participar todos los años en esta manifestación?", ha señalado.
Sanidad avisó a los evangélicos
El comunicado remitido por la directora general de Salud Pública a la Federación de Entidades Evangélicas de España "no se colgó en la página web del Ministerio". Según precisó la funcionaria de Sanidad en un oficio al Juzgado, "la preocupación fundamental durante la primera semana de marzo era evitar eventos con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se había constatado la transmisión del virus SARS-CoV-2 y cuando advertía la posibilidad de llegada de personas de estas zonas del mundo, el Ministerio de Sanidad emitía recomendaciones a Instituciones y organizadores de actos públicos".
"Pareciera lógico que el Delegado del Gobierno en Madrid hubiera sido uno de sus destinatarios"
Pese al argumento de Salud Pública, la juez ha insistido en el hecho de que no se remitiera el comunicado a la Delegación del Gobierno de Madrid ni a los Ministerios de los que depende. Según precisaron fuentes jurídicas a este diario, Franco insistió en su declaración ante la juez que "no había ningún elemento" que le llevase a "prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". "Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios", sostuvo.
En el marco de las pesquisas, la Guardia Civil informó a la magistrada que tres días antes de la manifestación del 8-M, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avisó a la Iglesia Evangélica, al ministro Salvador Illa y otros dos técnicos de Sanidad de "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa". La juez encargó diligencias para determinar si Sanidad había alertado al equipo del delegado de Gobierno en Madrid antes del 8 de marzo.
Franco "no recibió comunicación"
Aunque la Policía Judicial sostenía que el equipo de Franco sí era consciente del peligro, la juez ha asegurado que de todas las diligencias de investigación practicadas se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones.
En el auto, ha precisado que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Asimismo, ha concluido que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".
"Inactividad jurídica"
Aunque ha eximido al delegado del delito de prevaricación, la instructora ha precisado que -en el ejercicio de las competencias que por ley tiene atribuidas- "mantuvo una permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones/manifestaciones y el covid-19".
La magistrada ha insistido en que Franco "ni prohibió ninguna concentración ni adoptó medida alguna de prevención del contagio", en referencia a la posibilidad de imponer distanciamiento social, uso de guantes o de mascarillas. "El delegado, en el ejercicio de su competencia, tenía un elenco de medidas que podía adoptar en su resolución: desde las más contundentes (prohibición) a otras que lo son menos (mantener distancia de 1 metro entre los manifestantes)", ha indicado.
Declaraciones "no convincentes"
Los agentes de la Guardia Civil aseguraron en su primer informe que desde la Delegación del Gobierno habían realizado llamadas telefónicas a varios convocantes y habían instado a cancelar las manifestaciones por la situación sanitaria. Este jueves, funcionarios que declararon en calidad de testigos matizaron la información. Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que aunque los trabajadores no criticaron la actuación de la Benemérita ante la magistrada, sí pidieron modificar su declaración en el apartado relativo a las llamadas.
Según consta en el auto, la juez ha considerado que "sus declaraciones en sede judicial no resultaron convincentes, siendo mucho más verosímil lo que, de manera reiterada, declararon estos mismos funcionarios ante la Policía Judicial actuante". La magistrada ha hecho hincapié en que los funcionarios habían firmado "todas las hojas de la declaración" ante la Guardia Civil.
