El juez que dirige la causa contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios refuerza los indicios que han llevado a la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid señala en un nuevo auto que, aunque en este momento procesal la calificación jurídica de los presuntos delitos es "muy provisional", esta es sustancialmente coincidente con lo denunciado por las cuatro acusaciones populares.
En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez acuerda unificar las acusaciones populares bajo la dirección letrada de Vox. De esta manera, la personación del sindicato denunciante Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y la Asociación Hazte Oír quedarán recogidas bajo la representación del partido liderado por Santiago Abascal.
No obstante, Peinado avisa que la causa abierta contra Begoña Gómez debe responder al "interés general". De igual modo, remarca que "dada la clase de los delitos" dichos intereses no deben ser otros que "la búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia", desechando, así, la satisfacción de intereses individuales.
Con este movimiento el juez busca agilizar la instrucción y evitar el riesgo de "dilaciones indebidas". La instrucción coge vuelo tras la imputación de Begoña Gómez; una citación que marcó los últimos días de la campaña para las europeas. Por el momento, el juez Peinado avanza en la investigación abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, mientras en paralelo la Fiscalía Europea se declara competente para investigar los principales contratos concedidos a la UTE de empresas de su socio, Carlos Barrabés.
Este lunes, se ha dado a conocer la petición del órgano europeo en la que solicita al juez instructor que le entregue la causa al constatar su competencia para investigar estos hechos. Entre los contratos públicos investigados, destaca la adjudicación por parte de Red.es de dos contratos millonarios a la UTE formada por Innova Next con The Valley. Estas licitaciones se formalizaron después de que la propia mujer de Pedro Sánchez firmase dos cartas de recomendación a su favor.
Se trata de unos hechos denunciados ante la Fiscalía Europea el pasado mes de abril y que han dado lugar a la actuación del órgano europeo en la causa. La irrupción del ente comunitario se produjo prácticamente desde el inicio de la investigación. Tan sólo diez días después de la apertura de diligencias, remitió al juzgado un escrito para pedir información sobre este asunto.
Poco después, el órgano europeo pidió la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las oficinas del ente público a cargo de las adjudicaciones millonarias. El objetivo era requerir los expedientes y los emails relacionados con Red.es y la empresa de Carlos Barrabés.
Pendiente de la declaración de Begoña Gómez y Carlos Barrabés
En consecuencia, el siguiente paso será estudiar el volcado de toda la documental. Una información clave para la causa, así como la testifical de los miembros del ente dependiente del Ministerio de Hacienda y del propio Barrabés. La declaración del socio de Begoña supone una pieza fundamental para la causa, por ello, el juez ha acordado tomarle declaración en el Hospital Universitario 12 de Octubre donde permanece ingresado por sufrir una enfermedad grave.
Entre los testigos citados por el juez se encuentran los directivos de Red.es que participaron en la adjudiciación de los contratos a Innova Next, así como a Luis Martín Bernardos, abogado de la firma. Los cinco testigos comparecerán ante el juez el próximo domingo 16 de junio, día en el que el juzgado realizará funciones de guardia.
Por el momento, el juez instructor pone el foco sobre los dos contratos denunciados por Manos Limpias y al menos otros dos financiados por la Administración Pública. Entre ellos, destaca la adjudicación firmada por el Consejo Superior de Deportes por un valor de 3,6 millones de euros. Un contrato financiado por fondos de la Unión Europea y que estaría asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de prestar un "servicio de apoyo al CSD para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte".
Junto a este, la empresa de Barrabés ha recibido al menos seis contratos firmados por entes públicos y cuyos fondos atañen a la Fiscalía Europea. Un grueso de más de 14,5 millones de euros adjudicados a la consultora del socio de Begoña Gómez, en su mayoría firmados entre 2021 y 2022. En esa fecha la empresa aumentó exponencialmente sus ingresos y "aproximadamente el 90% de las adjudicaciones" públicas se concedieron en ese periodo, según recoge el sumario del caso.
