El juez Joaquín Aguirre imputa al Barça un delito de cohecho por los pagos al exvicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. El instructor del caso añade este delito al club (que ya figura investigado como persona jurídica) y también a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y al resto de imputados por los pagos superiores a los 7,5 millones de euros que se desviaron durante cerca de dos décadas a Negreira.

Así consta en un auto de este mismo jueves en el que el magistrado explica que se añade este delito al considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es un ente de naturaleza pública y que, por tanto, Negreira participó del ejercicio de "funciones públicas". Se trata de un movimiento que dificulta el horizonte procesal de los investigados ya que el Barça siempre ha defendido hasta la fecha que se trataban de acuerdos privados por servicios de asesoramiento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Barcelona entiende que la RFEF "tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública" y que los directivos de la misma "deben ser considerados como funcionarios públicos a efectos penales". Además, recoge en su auto abundante jurisprudencia en aras a argumentar esta nueva imputación que conlleva "el pago a un funcionario por parte de un particular".

Negreira, "concepto legal de funcionario"

"En nuestro caso Enríquez Negreira tenía el concepto legal de funcionario. Participaba del ejercicio de funciones públicas durante el periodo de tiempo en el que el FC Barcelona le pagó. Precisamente dejó de pagarle cuando cesó en su cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. De aquí se deriva, al menos con carácter indiciario, que los pagos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba como vicepresidente del CTA", reza el auto.

El togado recuerda que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, explicó en una rueda de prensa que los pagos millonarios del club a Negreira se efectuaron como contraprestación a unos informes que éste elaboró en referencia a las actuaciones arbitrales que afectaban al club blaugrana.

Existen indicios para estimar que Negreira realizó actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, pues es inadmisible que asesore a un concreto equipo de Primera División

Sin embargo, los investigadores -que apuntan a una "corrupción sistémica en el arbitraje español"- sospechan que se buscaba un "trato de favor" en los partidos teniendo en cuenta la posición de mando del vicepresidente del CTA. Al respecto Aguirre insiste en que la Agencia Tributaria le obligó a devolver unas cantidades indebidamente deducidas por estos pagos y el Barça no lo recurrió; sinónimo de que no eran unos abonos "ordinarios".

A mayores apela al hecho de no hay contratos por escrito de estos abonos, los cuáles se giraron a las sociedades familiares de Negreira padre e hijo a través de unas mercantiles del exdirectivo culé Josep María Contreras. Para Aguirre, los pagos que recibió el dirigente arbitral son "incompatibles" con el cargo público que ostentó y en el cual se le presuponía imparcialidad y trato equitativo con todos los equipos.

Actuación "inadmisible"

"Existen indicios para estimar que Enríquez Negreira realizó unos actos, fueran informes verbales o escritos, que eran contrarios a los deberes inherentes a su cargo, pues es inadmisible que un vicepresidente del CTA asesore a un concreto equipo de la Primera División y que realizó tal asesoramiento en atención a las cantidades que le pagaba anualmente el FC Barcelona", indica.

Las sospechas del juez sobre la naturaleza de los pagos se consolidan a tenor del cese de los mismos en 2018, coincidiendo con la salida del dirigente arbitral del CTA. A su juicio, ello implica que Negreira tenía conciencia de que se habían producido "actos ilícitos" en favor del Barça "de bastante gravedad".

Registro en la RFEF

"Este conocimiento directo por Enríquez Negreira implicaba bien su participación en la comisión de dichos actos en favor del FC Barcelona, bien en un conocimiento muy próximo de las personas que los habrían cometido. En suma, era consciente, en mayor o menor medida, de la ilicitud de sus actos", recoge el auto.

A principios de mes el magistrado dio impulso a la causa y abrió una pieza separada para investigar a Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero por presunto blanqueo de capitales con las cuantías percibidas por el club blaugrana. Del mismo modo expulsó a la RFEF de la causa y ratificó la condición de perjudicado del Real Madrid, abriendo la puerta a la personación de cualquier otro club de Primera División.

Este mismo jueves, coincidiendo con la imputación del delito de cohecho, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la RFEF en busca de documentos relativos a esta investigación. El registro se está llevando a cabo en el Comité Técnico de Árbitros, que se encuentra dentro de la sede de la RFEF, y responde a unas diligencias del caso que se siguen en una pieza secreta. Por el momento se descartan detenciones.

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