El magistrado del Tribunal Supremo Angel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acotado el análisis de la información incautada en el registro de su despacho, de manera que la Guardia Civil investigará lo que este relacionado con la causa entre el 8 y el 14 de marzo. Hurtado ha acordado que "limitado el análisis pericial del material intervenido a los hechos y personajes objeto de la investigación, queda acotado a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo, ambos inclusive", según recoge la parte dispositiva de una resolución a la que ha accedido EFE.
Pide además, que se ponga en conocimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ocupa de la investigación.
La Fiscalía ha recurrido el registro del despacho del fiscal general que fue practicado por la Guardia Civil por orden de Hurtado el pasado 30 de octubre y que duró más de diez horas. En concreto, ha impugnado los dos autos de entrada y registro tanto en el despacho del fiscal general como en el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada como García Ortiz en la causa por un presunto delito de revelación de secretos.
Ahora bien, se desconocen los detalles del recurso debido a que el magistrado instructor decretó el secreto del sumario por un mes. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llegaron a las oficinas sobre las 12.30 horas y salieron de la sede de la Fiscalía en torno a las 22.45 horas.
Allí, los investigadores hicieron el volcado de los ordenadores y teléfonos móviles del fiscal, como también hicieron con los dispositivos electrónicos de la fiscal jefa provincial de Madrid. En el auto donde se ordenaba el registro, el juez reclamaba a los servicios de la Fiscalía que identificaran todas las cuentas de correo electrónico de García Ortiz.
El juez investiga si García Ortiz y Rodríguez incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.
