No todo es el viejo PP en el auto de la Audiencia Nacional que amenaza la imbatibilidad ante la Justicia de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre. El juez sitúa a uno de los cargos de confianza del actual líder del partido, Pablo Casado, en una reunión en la que se abordó la caja b de la formación. Se trata de Antonio González Terol, diputado en el Congreso y secretario de Política Local de los populares desde 2018.
Según el juez, la reunión tuvo lugar el 7 de junio de 2012 y la convocó el todavía expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En ella, el todavía número dos de Aguirre “solicitó a los asistentes que reuniesen la cantidad de un millón de euros para sanear la “caja b” del PP de Madrid, que había quedado maltrecha tras la “fastuosa” campaña que se encargó y diseñó para las elecciones del año 2011, que dio el triunfo a Esperanza Aguirre”.
Reunión para recaudar fondos
El auto explica que un año después esa campaña todavía estaba pendiente de pagarse en su totalidad. A la vez, González hizo un llamamiento “para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales de la próxima campaña para las elecciones del año 2015”. La citada reunión fue en el despacho de la directora general de relaciones con la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Sanz.
Siempre según el auto del juez, allí estaba presente Antonio González Terol, un fiel a Esperanza Aguirre que ocupaba el cargo de director general de Asuntos Europeos. Según el curriculum personal que figura en el Congreso de los Diputados, González Terol también era ya alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, cargo que ostenta desde 2011.
Casado, se limitó este lunes a trasladar su respeto por las decisiones judiciales al tiempo que reivindicó la presunción de inocencia. El actual líder de los populares creció políticamente en el PP de Madrid y allí conoció a González Terol, apenas tres años mayor que él. Desde entonces les une una trayectoria dentro del PP y una vez que venció en las primarias, Casado le dio un cargo en su Ejecutiva.
En la reunión que destaca el juez de la Audiencia Nacional también estaban presentes dos personas clave en el presunto entramado de financiación ilegal del PP madrileño. Uno de ellos era el gerente de la empresa pública Agencia Informática de Comunicación (ICM), José Martínez Nicolás. "Los fondos de la entidad pública ICM han nutrido de forma ilícita, y alejada de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, las arcas del PP de Madrid y enriquecido fraudulentamente", explica el juez.
En aquel despacho estaba además el entonces viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia, Borja Sarasola. Tanto Martínez Nicolás como Sarasola están investigados en esta causa. Sarasola luego sería nombrado consejero en el Gobierno de Ignacio González. Es uno de los cuatro exconsejero imputados junto a José Güemes, Gador Ongil y Manuel Lamela. González Terol no se encuentra entre la lista de más de 40 imputados por el juez por estos hechos relacionados con la financiación del PP. También hay empresarios, varios de ellos del mundo de la comunicación, así como la otra expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.
El juez Manuel García Castellón, partiendo de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios sólidos de delito en torno a las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011, pero también para los comicios generales de 2008 en las que Mariano Rajoy era el candidato. El auto usa expresiones como "saqueo" o "facturación mendaz", habla de entregas en efectivo, cobro de mordidas a la hora de construir los hospitales madrileños y millones de euros desviados de las arcas públicas.
En lo más alto de la organización sitúa a Esperanza Aguirre, a la que acusa de "idear" todo este entramado cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y ejercer un "control directo" y "supervisión". Sobre ella "pivotaba" todo, según el juez. Concretamente, lo hacía sobre sus hombres de confianza a los que les ordenaba recaudar los fondos para las campañas electorales y así reforzar su figura política. Por ello acusa a la expresidenta de los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
