La Fiscalía de Sevilla ha solicitado fianzas de responsabilidad civil por un valor de 3,5 millones de euros para los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo y para el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, a quienes la juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos tras ampliarles su imputación en el marco de la operación 'Madeja' donde se investiga si pagaron dádivas a cambio de recibir contratos públicos, según recoge Europa Press.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que los tres imputados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar y, seguidamente, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de dos millones para Rafael González Palomo; de un millón de euros para su hijo, José Antonio González Baró, y de 0,5 millones de euros para Ángel Manuel Macedo.
Tras ello, la juez Mercedes Alaya los ha dejado en libertad con cargos, han añadido las misma fuentes consultadas, que han precisado que la instructora todavía no ha tomado una decisión sobre las fianzas civiles solicitadas por la Fiscalía hispalense. La juez ha ampliado la declaración de estos tres imputados por medio de un auto que les ha leído de manera conjunta y en el que ha aludido a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a un exjefe del área de Deportes en el Ayuntamiento de Sevilla de IU, pago que se habría realizado en una caja de zapatos antes de las eleccionies municipales de 2011.
En estos momentos, se encuentra compareciendo ante la juez en calidad de imputado el que fuera director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, que, tras ser imputado por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja' desarrollada en diciembre de 2013, fue cesado de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).
Detenido el asesor jurídico de Fitonovo
Todas estas citaciones se producen coincidiendo con la tercera fase de la operación 'Madeja', transformada ahora en 'Enredadera', que está desarrollando este martes la Guardia Civil en 13 provincias españolas y en el marco de la cual se prevé la detención de una treintena de personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos.
Dentro de esta tercera fase de la investigación, la Guardia Civil ha detenido además a Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo que ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Carmona (Sevilla).
Esta tercera fase es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño.
"Sobornos" a funcionarios y responsables públicos
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona, la Guardia Civil dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de Fitonovo".
Asimismo, y del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores, se averiguó que la dirección de Fitonovo "había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".
Las prácticas ilícitas descubiertas "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas". Asimismo, "al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".
