La exposición razonada que la Juez Mercedes Alaya ha enviado al Tribunal Supremo sobre su instrucción en el caso de los ERE falsos no deja lugar a duda: Resulta "imposible" que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran el sistema ilegal utilizado para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas y personas afines a UGT, CCOO y al PSOE, según publica el diario El Mundo.
La juez, que esta semana ha dado traslado al Supremo de la causa contra nueve aforados pero que continuará con su investigación de los ERE, explica que ambos debían conocer el fondo de reptiles, ignoraron los avisos sobre su ilegalidad y conocían el pago de sobrecomisiones. La falta de controles en su momento dio pie a que se concedieran ayudas por más dinero del que se había presupuestado, lo que supuso un déficit de 38,3 millones de euros en 2003, de 93,6 millones en 2004 y de 95,5 millones en 2006.
Ante estas cifras, "es imposible" para Alaya que no se generara alarma en el presidente Chaves o en su entonces consejero de Hacienda Griñán, y que ambos "no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención".
Pero además de este dato, Alaya señala que ambos debieron tener puntual conocimiento del presupuesto de la Junta por su condición de miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano en el que se discutía dicho presupuesto antes de ser enviado al Parlamento.
Según el diario, la juez señala que "con toda lógica" Griñán conocía las advertencias de la Intervención General de Hacienda andaluza de la ilegalidad del sistema de concesión de ayudas, algo que hizo "hasta el hartzago", del mismo modo que "con toda lógica" Chaves también las conoció por ser presidente, no solo por la comunicación normal de éste con su consejero de Hacienda sino porque la Comisión de Asuntos Económicos -de la que Chaves era presidente- también recibía los informes.
Con esta argumentación la magistrada también pretende eximir de responsabilidad al Parlamento andaluz, ya que el presupuesto no se elabora en la Cámara sino en la Comisión de Asuntos Económicos, y ningún documento explicaba claramente cuál era el sistema de adjudicación de ayudas.
Chaves no confía en la instrucción
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha admitido este jueves que "no tenía confianza en la manera en que se estaba haciendo la instrucción" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por parte de la juez Mercedes Alaya y, por otro lado, ha lamentado las "interferencias políticas" del caso, con el que se ha intentado "ensuciar la imagen" del PSOE-A por "ser el partido que levantó Andalucía durante años".
En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Chaves ha reconocido que, pese al "respeto" que le merece la justicia y la propia Alaya, piensa que la instrucción del caso ERE se está haciendo de una manera "subjetiva y muy discutible", por lo que ha celebrado que la magistrada sevillana haya elevado la causa relativa a las personas aforadas -entre las que se encuentra "señalado" junto con el expresidente José Antonio Griñán y otros exconsejeros del Gobierno andaluz- al Tribunal Supremo para poder salir del "limbo jurídico" en el que estaba desde septiembre de 2013 y "defenderse".
Tras asegurar, como ya hizo ayer, que quiere declarar de manera "voluntaria" ante el Alto Tribunal si este asume las competencias para ello, Chaves ha recordado que ya eran "muchas voces e incluso instancias judiciales" las que habían dicho que esta parte del caso se tenía que elevar al TS y que, sin embargo, la jueza ha tardado meses en hacerlo.
