Mientras su futuro al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 se dilucida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pablo Ruz sigue tomando decisiones sobre los sumarios que instruye, entre ellos el 'caso Bárcenas'. Una de las últimas en este sumario ha sido la de intentar poner coto a la "difusión pública" de los archivos de audio y vídeo que se graban de las declaraciones que toma a imputados y testigos. Para ello, el pasado 1 de diciembre dictó una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que da instrucciones concretas para que dichos testimonios sean transcritos "a la mayor brevedad" posible y evitar, así, que los mismos pasen a manos de los abogados de las defensas y las acusaciones. El magistrado muestra su convencimiento de que son los letrados los que terminan facilitando dichos documentos sonoros a los medios de comunicación.
El magistrado apunta a los abogados personados en la causa como responsables de las filtraciones de los documentos sonoros del sumario
En el escrito, el juez Ruz da instrucciones para remitir a la empresa encargada de realizar dichas transcripciones las declaraciones prestadas los pasados 24 y 25 de noviembre por el exalcalde 'popular' de Toledo, José Manuel Molina, el actual primer edil, el socialista Emiliano García-Page, y el diputado del PP Sebastián González, así como por un técnico del ayuntamiento de la capital castellano manchega y varios empleados de Sufi SA, la empresa que supuestamente pagó una 'mordida' de 200.000 euros para hacerse con un contrato de limpieza. El magistrado resaltaba que dicha copia en papel debía estar "a la mayor brevedad" y que dichas prisas venían motivadas "por la difusión pública que en ocasiones anteriores ha tenido lugar respecto de los soportes de audio y vídeo de anteriores declaraciones practicadas en la causa".
Ruz resalta en la misma providencia que la filtración de dichos documentos sonoros se ha producido siempre "tras ser puestas [dichas declaraciones] a disposición de las partes", en referencia al nutrido número de abogados defensores y de las acusaciones personadas en el caso de los papeles de Bárcenas. El juez insiste que la medida se toma, precisamente, "en aras a evitar tal difusión en los sucesivo" y recuerda que el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que "las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral" y que aquellos abogados y procuradores que revelasen indebidamente su contenido, serán multados.
Los otros enfados de Ruz
No es la primera vez que el juez Ruz muestra su enfado por la aparición en los medios de comunicación de datos de los sumarios que instruye y toma medidas para intentar paliarlo. En julio de 2013, en plena declaración de Luis Bárcenas en la éste que reconocía la autoría de los apuntes contables de la supuesta caja 'B' del PP, fue alertado por el servicio de seguridad de la Audiencia Nacional de que parte del contenido del testimonio que estaba prestando el extesorero del PP estaba siendo difundido a través de las redes sociales casi en tiempo real. El magistrado, que al inicio de la jornada había advertido a los abogados personales que no podían utilizar los móviles pero sí les autorizó a usar las tabletas, interrumpió la comparecencia para advertir a los letrados de lo que estaba pasando. Incluso abrió una pieza separada para investigar los hechos, aunque finalmente no accedió al rastreo de los móviles que le pidió la Policía para descubrir al autor.
En julio de 2013, Ruz ya abrió una pieza separada para investigar la filtración en tiempo real de la declaración que aquel día prestaba Bárcenas
Meses más tarde, a través de su secretario judicial, citó a todos los procuradores personados para informarles de que iba a cambiar las claves de acceso personalizadas con las cuáles éstos y los abogados a los que representaban tenían acceso al portal de la Audiencia Nacional en Internet en el que se iban incorporando todos los documentos del sumario del caso Gürtel. El motivo en este caso era el convencimiento del magistrado de que las mismas habían sido facilitadas a personas ajenas a la causa y a través de ellas se estaban facilitando documentos del sumario a los medios de comunicación. Cuando estos acudieron a recoger las nuevas al Juzgado, fueron advertidos de que se les sancionaría si se constataban que las mismas eran transmitidas a terceros.
