El juicio contable contra Carles Puigdemont, Artur Mas y una treintena de excargos de la Generalitat sigue con lupa la negociación de la ley de amnistía. El Tribunal de Cuentas mantiene el 17 de noviembre como la fecha fijada para celebrar la vista por los millonarios gastos del 1-O y la acción del procés en el exterior. El juicio, en el que se reclaman más de cinco millones de euros, se celebrará en pleno proceso de investidura de Pedro Sánchez.
Fuentes del máximo órgano fiscalizador explican que se mantiene la fecha y que solo una ley de amnistía en vigor impediría su celebración. Con todo, cualquiera de las partes podría pedir la suspensión del señalamiento. Por el momento, ni la Fiscalía ni Sociedad Civil Catalana (que actúan como demandantes) se abren a modificar el calendario. Los abogados de los demandados, por su parte, lo van a estudiar, según las fuentes consultadas por Vozpópuli.
Así pues, aunque el juicio sigue su curso, el telón de fondo obliga a vigilar muy de cerca las negociaciones entre el PSOE y sus socios independentistas. La ley de amnistía, erigida como la clave para avalar la investidura de Pedro Sánchez, prevé exculpar de cualquier responsabilidad penal (tanto ejecutada como pendiente de juicio) de la plana mayor del procés, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza.
Diplocat y el 1-O
A falta de conocer la letra pequeña de la nueva norma, con la que también se pretende amnistiar a los CDR o a Tsunami Democràtic, un capítulo determinante será el relativo a las responsabilidades económicas del procés. Al respecto, el Tribunal de Cuentas ha seguido este procedimiento contra exconsejeros de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont a los que la Fiscalía acusa de desviar 3,4 millones de euros con la defensa de su causa en el exterior.
Precisamente, la Fiscalía dedica buena parte de su demanda a este último asunto. En concreto actúan contra dos gobiernos catalanes y sus consejeros por los gastos de Diplocat; ente que diseñó la Generalitat para vender las bondades del independentismo catalán en el extranjero. Solo de esta partida la Fiscalía pide 2,2 millones de euros que respondería a los viajes de los entonces cargos públicos y a la promoción del proceso soberanista.
Sociedad Civil Catalana, por su parte, eleva el coste a más de 5 millones de euros. En el foco se encuentra el presunto desvío de dinero público para la celebración del referéndum ilegal del 1-O y también para la defensa de la causa fuera de España. Solo en gastos de alquiler de locales la plataforma cívica atribuye un desfalco de cerca de un millón de euros del que tendrían que responder Puigdemont; su exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí (huidos de la Justicia) y Dolors Bassa.
Las opciones del Tribunal de Cuentas
Así pues, el Tribunal de Cuentas sigue con la hoja de ruta marcada con la responsabilidad contable del procés. En caso de que el Gobierno acelere con las negociaciones y saque adelante una ley de amnistía que afecte al procedimiento, el máximo órgano fiscalizador podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Se trata de un mecanismo legal con el que cuentan los órganos judiciales para preguntar por la constitucionalidad de una nueva ley antes de aplicarla. La naturaleza del Tribunal de Cuentas, que es un órgano jurisdiccional, genera dudas acerca de la posibilidad de recurrir al mismo, aunque las fuentes consultadas sostienen que podría actuar en dicha dirección. En cualquier caso, el Constitucional resolvería si tiene o no competencia para ello.
Otra de las cuestiones pendientes de concretar es la comparecencia de Carles Puigdemont. Uno de los abogados de los demandados pidió que el expresidente catalán, fugado de la Justicia, declarase en el juicio contable. A día de hoy pesa sobre él una orden de detención nacional que dictó el instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, por lo que su presencia está descartada.
Así pues, se abre la puerta a que comparezca por videollamada, si bien para ello tendría que solicitarlo formalmente su abogado, circunstancia que todavía no se ha producido. Con todo, la consejera que juzgará estos hechos podría seguir adelante con la vista si estima que su declaración no es determinante para el resultado de la misma.
Un juicio corto
El juicio, que arranca a las 11.00 horas del próximo 17 de noviembre no se prevé largo. El órgano dio luz verde a las partes para que la fase de las conclusiones se efectuara por escrito, de manera que no se espera que se pase de las tres horas. A partir de ahí los líderes del procés quedarían pendientes de una sentencia que, de aprobarse la ley de amnistía, no llegaría nunca a emitirse.
Si la amnistía les exonera también de la cuestión económica (y todo apunta a que así será), el Tribunal de Cuentas igualmente tendría que acatar la ley y decretar el cese de este procedimiento. Por contra, si la ley no sale adelante, la sentencia estaría lista en un periodo corto de tiempo. De ser condenatoria, los líderes independentistas tendrían que responder de manera solidaria. El pronunciamiento se puede recurrir primero ante el propio Tribunal de Cuentas y luego, en apelación, ante la Sala Tercera del Supremo.
