Junts per Catalunya acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que la Abogacía del Estado se aparte de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas. Como avanzó Vozpópuli, el presidente de la Generalitat ha desembarcado en Madrid este martes para solicitar a Moncloa que la Abogacía del Estado se retire como parte afectada en este proceso que pide, hasta la fecha, fianzas de 4,5 millones de euros a los 40 cargos independentistas investigados por malversación.
Ahora son los de Carles Puigdemont quien toman el relevo y han anunciado el mismo día que se celebra el encuentro entre Sánchez y Aragonès su iniciativa que busca la "finalización de la persecución económica de los represaliados catalanes por parte de la Abogacía del Estado".
Asimismo, el abogado Gonzalo Boye, que defiende Puigdemont, ha asegurado este martes que llevará la causa del Tribunal de Cuentas ante "la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica o del tipo que sea".
Junts considera que el órgano fiscalizador "depende directamente de las Cortes Generales", según el artículo 136 de la Constitución, y que en consecuencia "ejerce sus funciones por delegación de éstas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado". En este sentido, añaden que la Abogacía, como defensora de los intereses del Estado, es quien tiene capacidad para apartarse de esta causa.
"Voluntad de diálogo"
En la iniciativa presentada por la diputada Míriam Nogueras, portavoz en el Congreso y fiel a las instrucciones de Waterloo, argumenta que la "retirada de la Abogacía del Estado se correspondería más a una auténtica voluntad de diálogo y de solución política de conflicto entre Cataluña y España que no la actividad inquisitorial que la Abogacía del Estado viene desplegando hasta el momento en las causas contra los líderes políticos catalanes".
De acuerdo con Junts, la actuación que mantiene ahora la Abogacía es "ajena a la persecución del interés público" y que en base a su acusación así como a la de Fiscalía el "el Tribunal de Cuentas ha desestimado la demanda de las defensas". Por esta razón, instan a cambiar su estrategia si realmente quieren soluciones el 'conflicto territorial'.
"Falta de legitimación activa"
También consideran que con la retirada de la Abogacía del Estado se "daría cumplimiento a la declaración de falta de legitimación activa de la Abogacía del Estado, ya declarada por el propio Tribunal de Cuentas en la causa del 9-N".
El partido de Carles Puigdemont afirma que la investigación del órgano fiscalizador es una "tercera oleada de represión económica" contra el Diplocat y toda la acción exterior de los sucesivos gobiernos de la Generalitat.
Asimismo, en su escrito intentan desautorizar al Tribunal de Cuentas asegurando que tiene "un claro sesgo partidista" con "absoluciones inexplicables de responsabilidad para casos de corrupción de algunos partidos políticos". Tampoco dudan en hablar de "nepotismo" en la elección de sus consejeros.
De hecho, como informó también este medio, el Govern ha pedido a Sánchez renovar con premura sus nueves consejeros que verán caducado su mandato el próximo julio. Su apuesta es que un nuevo tribunal con consejero más afines al PSOE podría variar el sentido de la sentencia.
