España respira este domingo por la herida de la Grand Chambre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia tumbó el lunes la aplicación retroactiva de la “doctrina Parot” sobre la forma de contabilizar los beneficios penitenciarios en las penas privativas de libertad. Primero fue nuestra clase política, en concreto los Gobiernos de Felipe González, que no pareció darse cuenta hasta 1996 de que con el Código Penal de 1973 los asesinos en serie, en particular los terroristas de ETA, podían salir de la cárcel a los 20 años de su entrada en prisión, gracias a la redención de penas por el trabajo. Cuando nuestros gobernantes se vieron en la tesitura de tener que poner en la calle a los asesinos de los “años de plomo” de ETA, forzaron a los jueces (sentencia del Supremo 197/2006, de 28 de febrero) a arreglar el desaguisado con la doctrina de marras, según la cual los días redimidos por el trabajo debían descontarse de la pena total (los 4.800 años impuestos a Henri Parot) y no sobre los 30 de límite máximo de cumplimiento. El tribunal de Estrasburgo ha tenido que recordar a nuestro Gobierno que un elemental principio de seguridad jurídica prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal desfavorable para el justiciado.
Con la Justicia topamos de nuevo. Una vez más, la España crispada a cuenta de una crisis económica brutal se ve tensionada hasta el límite por culpa de uno de esos problemas crónicos que se arrastran desde tiempo inmemorial, un problema que actúa como un corsé capaz de impedir al país desplegar todas sus potencialidades de desarrollo: el de una Justicia increíblemente tardía y escasamente fiable. Una Justicia convertida en responsable de la pobre calidad de nuestra democracia y en amenaza, elemento disuasorio, para la inversión extranjera y el crecimiento.
Contaba esta semana un banquero español que acababa de asistir en la City londinense a un maratón de reuniones con analistas e inversores, el súbito entusiasmo que España vuelve a despertar entre los hasta ayer mismo denostados inversores extranjeros. Por todas partes elogios al país donde el sol y la alegría de vivir siguen siendo, a pesar de los pesares, un poderoso atractivo; un país esencialmente pacífico, con unas infraestructuras envidiables, que ha demostrado una notable capacidad para abordar reformas de fondo y que ahora luce en su escaparate un montón de activos a precio de ganga… “Hay que entrar a saco en España; tenemos que hacer más cosas allí”. Era la consigna general que podía oírse en cualquiera de los encuentros. Un pero, sin embargo, un gesto torcido asomando en todas las bocas: “el problema más serio de España es la Justicia”, su lentitud e impredecibilidad, y la sospecha de que la seguridad jurídica ha retrocedido en los últimos tiempos en lugar de avanzar.
"El problema más serio de España es la sospecha de que la seguridad jurídica retrocede en vez de avanzar"
Los recientes reales decretos sobre reforma energética han dañado seriamente la imagen de España como espacio jurídicamente seguro. He aquí una burbuja que, al contrario que la inmobiliaria, fue diseñada por un Gobierno irresponsable y obtuso, el de Zapatero, a quien parecía sobrarle el dinero. La publicación en el BOE de unas tarifas más que generosas para las energías renovables atrajo al panal hispano inversiones –con retornos garantizados por Ley- de todo el mundo. Estaba claro que a partir del 2009 no iba ser posible pagar esa salvajada de primas. Algo había que hacer para frenar la sangría del déficit de tarifa. Y lo que este Gobierno ha hecho ha sido tirar por la calle del medio de una reforma que cambia las reglas de juego en mitad del partido y las aplica retroactivamente. Cerca de 30.000 millones en Equity de inversores nacionales y extranjeros se han volatilizado.
Daño para esa marca España que, no obstante, viene lastrada desde hace tiempo por esa Justicia insufriblemente lenta y caprichosa, sincrética y manipulable al tiempo, a lo que se añade la existencia de una elite financiera con una gran capacidad para moldearla a su gusto -justicia a la carta-, meter mano en el BOE y salir siempre a flote, dando, además, lecciones morales. Entre los banqueros europeos –empezando por los franceses- han sido muy comentados los artículos publicados por Jaime Botín en las páginas de opinión de El País, hablando de la “regeneración ética” de España. En la sede parisina de Crédit Agricole se han quedado de una pieza.
Las clases de ética de un banquero culto
Este banco, el mayor de Europa por activos, desembarcó en 2007 en España con la compra de un 26% de Bankinter y la clara intención de hacerse con el 100%. Su llegada elevó la cotización bursátil de la entidad hasta los 12.000 millones. Hoy apenas vale 3.800. Los franceses, sin embargo, chocaron enseguida con el “amo del prao”, dispuesto a ningunearlos a conciencia. Hartos de pelear contra molinos de viento, los galos han terminado levando anclas. La soberbia de don Jaime ha costado a los minoritarios dejar de apuntarse enormes plusvalías. El citado se jacta de “haber dedicado la vida a defender su independencia y prosperidad [de Bankinter] comprometiendo en ese empeño la mayor parte de su fortuna, dentro y fuera de España”. Pero ¿qué piensan los Masaveu (5% del capital) y otros accionistas de menor porte de tanto desvelo? Hoy Bankinter es un banco muy pequeño y escasamente relevante, y ello porque “el primer accionista” nunca permitió la entrada de nadie dispuesto a aportar capital, única forma de hacer crecer una entidad.
Antes de que se consumara su marcha, Crédit Agricole tuvo ocasión de enterarse, como toda España, de que este aventajado alumno de Martin Lutero tenía escondido en Suiza desde hacía décadas un 8% adicional del capital de Bankinter, participación no declarada en flagrante violación de la Ley del Mercado de Valores, además de 2.000 millones cuya propiedad era compartida con su hermano Emilio y los hijos de ambos. “De engaño nada”, escribe el banquero filósofo. “El Crédit Agricole conocía desde la primera conversación conmigo de sus dirigentes, porque tuve buen cuidado de decírselo para que no se llamaran después a engaño, que yo tenía el control efectivo del banco”. Control efectivo que, sin embargo, no le indujo a lanzar una OPA para sacarlo de Bolsa, como establece la Ley. El llamativo “olvido” (sic) suizo acaba de ser sancionado por la CNMV con una multa de 500.000 euros, cantidad ciertamente escandalosa por su raquitismo. Eso es lo que hace daño a la marca España.
"Capitalismo de familia, que reclama a voz en grito la jubilación de toda una generación de potentados"
Capitalismo de familia, que reclama a voz en grito la jubilación de toda una generación de potentados en gran medida reñida con las buenas prácticas mercantiles worldwide aceptadas. “Que ese episodio se haya saldado con semejante multa hace desconfiar a los inversores extranjeros de la independencia de los órganos de control españoles y, subsidiariamente, de la Justicia” asegura el responsable en Madrid de un banco extranjero. “Tal vez sea un problema generacional. España tiene que acabar con esas prácticas caciquiles y modernizar las estructuras de gestión de las grandes empresas, ahora dominadas por una gerontocracia que no respeta ninguna norma.”
Montones de fondos de inversión, desde los dispuestos a invertir a largo plazo hasta los “buitre” prestos a cazar como aves de rapiña, recorren estos días Madrid en busca de oportunidades, desde luego inmobiliarias. Un objetivo claro es Metrovacesa, la otrora gran inmobiliaria hoy muy venida a menos. Para enmendar la situación, los bancos ahora dueños de la firma –Santander (36.8%), Bankia (19.1%), BBVA (18.3%), Sabadell y Popular- quieren vender la participación que posee en la francesa Gecina, una operación de cerca de 1.800 millones imprescindible para arreglar el desbarajuste. Pero los potenciales inversores extranjeros están ofertando a la baja, porque nadie quiere viajar en el mismo tren que Joaquín Rivero y la familia Soler, antiguos dueños de Metrovacesa, que conservan un 31% en Gecina.
Rivero, el zorro plateado del ladrillo español, tiene hoy abiertas causas en el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid por demanda de Metrovacesa; querella de Anticorrupción en el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid; querella de los accionistas minoritarios (que incluye a Soler y Sanahuja) en el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid; querella del FROB –que afecta a Soler y otros- en la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; demanda de Deutsche Bank que instruye el Juzgado nº 10 de Madrid, y querella de los minoritarios de Gecina en el Tribunal de Grande Instance de Paris. Cualquiera podría pensar que, asediado por tal cúmulo de demandas, Rivero es un hombre al borde del colapso anímico y financiero. No lo parece. Valga el caso de la citada querella de Anticorrupción presentada en noviembre de 2011, que le acusa de haberse embolsado 2,8 millones con el uso de información privilegiada. Ocurre que al juez que la instruye, Eduardo López-Palop, le ha caído encima la tragedia del Madrid Arena, mientras que el fiscal que la presentó, Alejandro Luzón, está ahora dedicado a Bankia en cuerpo y alma. Es como si la querella nunca hubiera existido, y nada parece indicar que vaya a celebrarse vista oral a corto o medio plazo. Casos como estos mantienen indignados a generaciones de españoles y perplejos a multitud de inversores extranjeros, que se preguntan cómo ha podido llegar nuestra Justicia a semejante grado de postración, ineficacia y servilismo.
La quiebra de las Cajas y la ausencia de culpables
Tal vez resulte ocioso, por recurrente, comparar la diferencia de funcionamiento que separa a la Justicia norteamericana de la española. Valga el ejemplo de un par de casos complicados, con cientos de testigos e innumerable aporte documental. La SEC denunció a los gestores de Enron ante el FBI en mayo de 2002, los cargos se formularon en diciembre del mismo año, la vista oral se celebró en diciembre de 2004 y hubo condenas en firme en enero de 2005. El caso Worldcom, igualmente complejo, estallo también en 2002 y sus gestores fueron condenados en firme en 2004. Más rápido se sustanció el escándalo Madoff: Bernard Madoff fue arrestado el 10 de diciembre del 2008 y condenado a 150 años de cárcel el 12 de marzo de 2009. Menos de 4 meses. Contando con la apelación final al Supremo, no hay caso que aquí se sustancie en menos de 7 años. Con relativa “rapidez” se acaba de conocer el fallo del caso Malaya o las aventuras de Juan Antonio Roca en Marbella: apenas ha tardado 8 años, teniendo en cuenta que la detención de los inculpados se llevó a cabo en 2006. En Madrid, la Asociación de Víctimas de la Talidomida acaba de lograr por fin el inicio de la vista oral contra la farmacéutica alemana Grünenthal que fabricó y comercializó en España ese medicamento entre los años 1957 y 1965.
"La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón sólo ha servido para dar la puntilla definitiva a una institución clave"
El país presencia atónito el espectáculo de cientos de personajes que desde los Consejos y los órganos de gestión de las Cajas de Ahorro se han llevado indemnizaciones, créditos y gabelas millonarias sin cuento; las Cajas han quebrado, pero los beneficiarios del escándalo siguen divinamente en la calle. Nada se sabe de la suerte judicial de los culpables de la primera quiebra del sector, Caja Castilla-La Mancha, a pesar de que la entidad fue intervenida en marzo de 2009. En el banquillo se sienta estos días Narcis Serra, ex vicepresidente del Gobierno con González, responsable –con su director general, Adolf Todó- de la quiebra de una Catalunya Caixa que ha necesitado ayudas de más de 12.000 millones para seguir a flote. Serra, con la flema del que se cree impune, declara que él no ha tenido nada que ver en el desastre. En los últimos meses asistimos al espectáculo de Pescanova y de su presidente, Fernández Sousa, que, a pesar de haber vulnerado todos los códigos y prácticas mercantiles al uso, sigue obstaculizando la salida a flote de la pesquera, entre el miedo de la Xunta a lo que pueda largar su antaño “empresario modelo” y la incapacidad de los bancos para conocer el alcance real del agujero. La eterna colusión entre lo público y lo privado. La confianza en que las aldabas políticas en caso de tropezón judicial servirán incluso para sentar jurisprudencia (la famosa “doctrina Botín”), o la conducta del mayor banquero del país y una de sus mayores fortunas que, en plena y dolorosa crisis, es capaz de colocar en lugares preeminentes del Santander a dos imputados de la relevancia de Rodrigo Rato y Juan Miguel Villar Mir.
Del drama de esta Justicia impredecible y escandalosamente lenta, capaz de elevar los costes de transacción de la actividad económica de forma escandalosa y no justificada, saca tajada mucha gente y no solo los bufetes de abogados. Un estudio del Journal of Law and Economics de la Universidad de Chicago llegaba a la conclusión de que los jueces que habían recibido formación específica para entender de delitos económicos eran más rápidos y previsibles en la resolución de conflictos mercantiles que aquellos que no tenían conocimientos de la materia, hasta el punto de haber reducido de forma sustancial el tiempo de espera entre el inicio del proceso y la sentencia. El español no es un problema de número de jueces, sino de formación de los jueces. Y, naturalmente, de independencia de los encargados de administrar justicia. Las cosas no han ido a mejor en los últimos años, hasta el punto de que la llegada al Ministerio del ramo de Alberto Ruiz-Gallardón sólo ha servido para dar la puntilla definitiva a una institución clave tanto a la hora de garantizar derechos y libertades como de favorecer el crecimiento y consolidación de una economía desarrollada. Seguimos donde siempre: empantanados.
