El Gobierno no va anular el indulto al conductor kamikaze condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en la autopista AP-7 Polinyà del Xúquer (Valencia) en 2003, al tratarse de una medida "irrevocable" de acuerdo con la legalidad vigente.
De esta manera responde a una pregunta escrita formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre la revisión de un indulto a un kamikaze "con estrechas relaciones familiares con cargos públicos del partido del Gobierno".
El Ejecutivo, que tramita unas 7.000 peticiones de indulto al año, adoptó esta medida de gracia en diciembre de 2012 basándose en "la información penitenciaria, personal y familiar del condenado".
En la respuesta a IU, el Gobierno señala que "desconocía por completo cualquier tipo de relación familiar de las que se mencionan en la pregunta", ya que estos asuntos no constan en un expediente de indulto, que se limita a contener información objetiva sobre la sentencia, hechos e informes relacionados de gracia.
Además, agrega el Ejecutivo, en el expediente del indulto, no figura el despacho de abogados que ejerce la defensa, el bufete Uría Menéndez, en el que trabaja uno de los hijos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los hechos sucedieron la tarde del 1 de diciembre de 2003, cuando el kamikaze ahora indultado conducía su vehículo por la autopista AP-7 en dirección Alicante y, tras protagonizar varios incidentes con otros vehículos, efectuó un cambio de sentido y circuló varios kilómetros en sentido contrario.
Finalmente colisionó frontalmente con un turismo en el que viajaba José Alfredo Dolz, de 25 años, y su pareja, de 21. Como consecuencia del impacto, el chico falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo, mientras que su acompañante sufrió contusiones, fracturas y heridas que le han dejado secuelas.
