El escrito enviado por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en el que apoya la concentración de las causas sobre el desafío secesionista, ha destapado que la magistrada investiga una pieza separada de carácter secreto, según consta en la última página del documento remitido este martes al magistrado Pablo Llarena.
Y según el documento, Lamela reclamó el pasado 30 de octubre información sobre esta pieza separada a la Guardia Civil de Barcelona, que ejerce como Policía Judicial, pero también a los puestos de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de L'Ebre y el Pirineo Occidental.
Precisamente unos días antes, el 26 de octubre, la Policía Nacional interceptó una furgoneta de los Mossos d'Esquadra con documentación que los agentes pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs. Entre los documentos había archivos que implican a mandos y agentes de la policía catalana con el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según el diario El Mundo, los agentes de la Policía Nacional que han analizado el contenido del material incautado han hallado escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O para proteger la consulta.
Además, también figuran documentos de contenido político, que se están analizando, porque el estudio de los archivos intervenidos todavía no ha finalizado.
Centro de Telecomunicaciones
La instructora también ha reclamado diligencias que afectan a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), uno de los organismos que utilizó el Govern para tratar de poner en marcha el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La documentación enviada a Llarena por Lamela también alude a la solicitud que realizó a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional el 27 de noviembre, en la que reclamaba a los agentes un informe sobre "el contenido de las órdenes dadas por la Prefectura de los Mossos d'Esquadra y sus mandos".
De esta forma, pretende determinar las instrucciones que se dieron a los agentes del cuerpo policial autonómico tras recibir las directrices de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En su escrito, la juez otorga "especial relevancia" al papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra, y en concreto: "Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".
Evitaron intervenir
Asimismo, destaca la actitud mostrada por los Mossos d'Esquadra, que se mantuvieron "al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones, evitando intervenir en los casos en los que miembros de los citados Cuerpos eran agredidos".
"Incluso", completa el escrito de Lamela, "en algunos casos llegaron a increpar y a enfrentarse a alguno de ellos. También espiaron las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el día 1 de octubre, en el que tuvo lugar el referéndum, alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares".
La magistrada ha reclamado a los Mossos que identificaran "a todos y cada uno de los agentes de ese cuerpo policial que se reflejan en los vídeos remitidos" a la causa por sedición
Por eso, el 10 de noviembre, la magistrada pidió a los Mossos, que ya dependían del Ministerio del Interior tras la aplicación el 21 de octubre del artículo 155 de la Constitución, que identificaran "a todos y cada uno de los agentes de ese cuerpo policial que participaron en las actuaciones que se reflejan en los vídeos remitidos junto con el atestado" de la causa por sedición.
La instructora también solicitó a la policía catalana el 10 de noviembre que le especificaran el número total de colegios o sedes electorales que se abrieron el 1 de octubre de 2017 con motivo del referéndum. Además, los agentes tenían que señalar el número de centros que clausuraron "y las razones sucintas por las cuales no se precintó el resto".
También aquí la instructora encargaba a los policías autonómicos que identificaran "plenamente" a los agentes responsables de dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los distintos dispositivos que se hubiesen establecido para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Lamela solicitaba en este escrito que aportaran las actas y atestados relacionados con los hechos y que identificaran a los autores o responsables que motivaron los atestados, y el material intervenido.
"Un plan común"
La instructora de la Audiencia Nacional considera que la investigación ha constatado que la "organización criminal" estaba integrada por autoridades parlamentarias (su presidenta, Carme Forcadell); los miembros del Govern, especialmente el huido Carles Puigdemont; y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente: "Todos ellos actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades", completa la juez.
Además, constata que el plan diseñado en el documento EnfoCATs u hoja de ruta, que fue requisado en caso del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové i Lladó, "se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)".
En el escrito la magistrada también advierte de que un grupo de personas ha colaborado "estrechamente" con el Govern en la elaboración de "leyes" y desde distintos "niveles de responsabilidad de la Administración autonómica", por lo que deberían ser objeto de investigación "a fin de establecer posibles responsabilidades".
