La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la causa por presunto fraude en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la juzgue un jurado. Según ha adelantado 'El Món' y consta en un recurso consultado por Europa Press, la defensa de Borràs ha recurrido el auto de procesamiento que el TSJC dictó hace solo dos días contra ella y tres sospechosos más.
Además de Borràs, en el caso están enjuiciados su amigo Isaías H., supuestamente favorecido con contratos menores de la ILC presuntamente fraudulentos; Andreu P., que supuestamente participó en preparar los presupuestos y facturas para estos contratos, y el técnico de la institución Roger E. por presuntamente facilitar los trámites.
El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, alega en el escrito que se ha vulnerado su derecho a un juez natural, es decir, al que por norma le correspondería, y argumenta que debería ser un tribunal popular.
En este sentido, recuerda que la ley del jurado establece la competencia de este tipo de tribunales en los delitos de malversación y fraude, de los que Borràs está acusada, y que también se adjudican al tribunal del jurado los que estén vinculados a los de su competencia, con excepción de la prevaricación, de la que también está acusada Borràs.
Aun así, el abogado sostiene que "la excepción del delito de prevaricación tiene escaso o nulo fundamento constitucional" dado que la ley del jurado pretende que la ciudadanía participe en la administración de justicia y, al parecer de la defensa, con esta limitación lo que hace es justamente impedir que enjuicien un delito que involucra a funcionarios, autoridades y jueces.
Igualdad ante la ley
El escrito cuestiona que sea compatible con el principio de igualdad ante la ley "que quienes más protección tienen --en muchos casos incluso aforamiento-- y quienes más poder ostentan y ejercitan --funcionarios, autoridades y jueces-- tengan, además, una segunda protección" al quedar fuera del enjuiciamiento popular.
En el mismo sentido, ve "evidente que quienes pueden correr riesgo de ser enjuiciados por los ciudadanos, en el desempeño de sus funciones públicas, han querido protegerse" de los tribunales populares con esta excepción. Por eso, el recurso de Borràs también pide plantear una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) sobre qué tribunal es competente para enjuiciar el delito de prevaricación.
En caso de que el TSJC no acepte esta reclamación, Borràs pide que se la juzgue por separado: de un lado por prevaricación, y de otro con un jurado popular por el resto de delitos que se le atribuyen.
