El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de la primera Ley de vivienda de Baleares, con las incorporaciones del Consell Consultiu, que prevé obligar a los grandes propietarios a ceder pisos "si hay necesidad de vivienda".
En rueda de prensa, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado que el objetivo de esta normativa "es facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, además de garantizar la permanencia".
Así, el Consell Consultiu ha avalado "una de las principales medidas" de la ley para obtener viviendas de alquiler social: la cesión temporal obligatoria por parte de los grandes poseedores de las viviendas -diez o más viviendas- que "lleven dos años vacías si es necesaria su aportación para cubrir la demanda de viviendas de alquiler público".
Según ha explicado, Pons se ha incluido en el texto los condicionantes que tiene que tener esta medida para reforzar su constitucionalidad: "Se cederán las viviendas que lleven dos años vacías cuando haya una necesidad objetiva de dificultad de acceso a la vivienda".
Se cederán las viviendas que lleven dos años vacías cuando haya una necesidad objetiva de dificultad de acceso a la vivienda"
De esta manera, ha remarcado que esta necesidad viene acreditada a través del Registro de Solicitantes de Vivienda Pública y que las entidades recibirán una compensación económica adecuada.
Además, la norma prevé un cuerpo de inspección tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones que, según ha dicho Pons, "tendrá a sus primeros efectivos, tan pronto como se apruebe la ley".
Para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial (VPO) en la comunidad autónoma, "todas" las nuevas promociones mantendrán para siempre su calificación como VPO, de forma que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca. Esta medida no afecta a las VPO actuales, ni tiene carácter retroactivo, ha dicho.
Los incumplimientos implican una sanción de hasta 90.000 euros
Por otro lado, la Ley fija que "todos y cada uno de los incumplimientos implican una sanción (leves, de 60 euros a 3.000 euros; graves, de 3.001 a 30.000 euros; o muy graves, de hasta 90.000 euros)".
