La inclusión de la Casa Real en la Ley de Transparencia no llegará a la asignación anual que recibe el Rey ni a su agenda privada, según ha podido saber Vozpópuli. Ambas cuestiones quedarán al margen según la pretensión de Zarzuela, recogida por el Gobierno. La Casa tendrá una regulación específica más asimilable a las del Congreso y Senado que a la de los Ministerios y las dos cuestiones antes referidas no serán objeto de acceso público a pesar de que los socialistas ya han comenzado a plantear que se fiscalice también esa asignación, que es de libre distribución por parte de Su Majestad el Rey.
El artículo 65 de la Constitución determina que el rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, "y distribuye libremente la misma". El debate suscitado en torno a esta cuestión parece que se solventará como en el caso de otras casas eeales, muchas de las cuales hacen pública, de forma voluntaria, dicha distribución y en qué gastan su asignación, sin una ley que les obligue a informar al respecto. Además, una cosa es que se conozca el "sueldo" de Don Juan Carlos y otra que tenga que explicar en qué lo emplea, aducen los medios consultados, observando que ningún cargo público está obligado a justificar el destino de su remuneración.
El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, aseguró este miércoles que estudiarán todas las aportaciones de la oposición a la Ley de Transparencia, incluida la socialista sobre cómo se distribuye la asignación al rey, aunque desde el Gobierno ven en el PSOE un proceso de "radicalización" que le lleva a apropiarse del que ha sido el discurso tradicional de Izquierda Unida sobre la Casa Real. Esta deriva, denuncian los medios consultados, puede poner en peligro el necesario consenso PP-PSOE sobre una Ley que se pretende avanzada, aunque con límites. En este sentido, Alonso recordó que dado que su partido da sostén al Gobierno debe ser "prudente" tanto en la negociación con el resto de los Grupos como en la tramitación de la Ley.
Zarzuela ya ha dado la señal que Moncloa esperaba para incluirla bajo en control de la Ley de Transparencia, pero ahora hay que regular hasta dónde se quiere o se puede llegar, teniendo en cuenta que no toda la información de todas las Administraciones será pública ni mucho menos. Tampoco lo será la agenda privada del Rey a pesar de que tras su accidentado viaje a Botswana hubo voces que reclamaron que lo fuera.
Los casi ocho millones de euros que ha recibido para 2013 la Casa de Su Majestad el rey --con un recorte del 4% con respecto a 2012-- sirven para hacer frente a las "retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, de dirección y laboral a cargo de la Casa; gastos de funcionamiento, como material de oficina; determinados suministros; gastos de protocolo y de representación -almuerzos, cenas, recepciones-; dietas y gastos de transporte; adquisiciones de material diverso para el funcionamiento de los servicios, etc.", según reza la página web de Zarzuela. De esa cantidad, 290.752 euros constituyen el 'salario' del rey; 145.376 el de don Felipe, incluidos gastos de representación, además de 260.000 destinados también a los gastos de representación de la reina, la princesa Letizia y la infanta Elena.