La Comunidad de Madrid invertirá en los próximos años 300 millones de euros en la construcción de tres plantas tratamiento de basuras que recuperarán el 50% de los residuos. El objetivo es buscar el residuo cero, pero aún estamos lejos de lograr esa marca.
El primero de los nuevos vertederos estará en Loeches con una inversión de cerca de 90 millones de euros y sustituirá al actual situado en Alcalá. No se utilizará el sistema tradicional de abrir vasos que se van cubriendo con la basura.
La instalación de este vertedero no ha estado exenta de complicaciones, pues se han interpuesto recursos que han ido retrasando el comienzo. En la actualidad falta la licencia del Ayuntamiento para iniciar las obras.
La nueva planta tiene una extensión de 57 hectáreas y está a tres kilómetros de Torrejón, Torres de la Alameda o San Fernando de Henares.
Se recuperará el 50% de los residuos, cuando el de Alcalá de Henares que funciona en la actualidad, que gestiona la Mancomunidad del Este, arroja el 100% de las basuras a los vasos que luego se cubren con tierra.
La tecnología es la clave
La tecnología aportará medios para hacer la separación selectiva.
Cuando un camión llegue a la planta de Loeches echará la basura en un lugar cerrado y de ahí pasará a un tiraje en una cadena en la que sensores y personal del complejo separarán lo orgánico de lo no orgánico. El material orgánico servirá para crear una ‘tierra’ bioestabilizada que se podrá reutilizar.
El actual vertedero está prácticamente lleno y se calcula que en pocos meses estará completo y deberá ser sellado.
Los ayuntamientos de la zona y la Comunidad de Madrid buscan una solución hasta que esté terminado el de Loeches, que se calcula empezará a funcionar en 2020. Será financiado a medias por la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este.
Durante ese periodo transitorio, -de un año o un año y medio de duración- se ha acordado la posibilidad de trasladar los residuos de los más de 700.000 vecinos de la Mancomunidad del Este a otros vertederos de la Mancomunidad del Sur o del Ayuntamiento de Madrid.
La Comunidad de Madrid era partidaria de seguir echando la basura en uno de los vasos actuales, pero los ayuntamientos afectados, con el alcalde de Alcalá Javier Rodríguez, también presidente de la Mancomunidad del Este, se han negado porque sobrepasaría el nivel de tierra.
Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, y el alcalde de Alcalá, Javier Rodriguez, mantuvieron una reunión hace unos días en la que acordaron un nuevo encuentro en septiembre para solucionar el problema que afecta a las localidades del corredor del Henares.
El conflicto
En la actualidad la Mancomunidad del Este, formado por treinta y una localidades, y que da servicio a unos 700.000 habitantes, tiene en un conflicto con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares al que reclama cerca de 10 millones de euros.
Durante el mandato del PP se adjudicó por 500 millones de euros la gestión de este vertedero a una empresa llamada Ecomesa por un periodo de 20 años.
El Ayuntamiento de Alcalá hizo saber a los socios de la Mancomunidad, en tiempos del anterior alcalde, Bartolomé González, que como se había construido sobre terrenos municipales había que cuantificar el valor de los mismos para restarlo de la deuda.
No se hizo esa valoración y ahora cuando el depósito está prácticamente lleno se ha conocido que el Ayuntamiento de Alcalá debe cerca de diez millones de euros entre el principal y los intereses. La mitad ha sido acumulada en tiempos de Gobierno del PP y la otra mitad con el PSOE.
Curiosamente, el Ayuntamiento que más debe es el de Alcalá, que tiene la presidencia.
El actual alcalde ha recibido los primeros requerimientos de la Mancomunidad y ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso administrativo para saber la cantidad que debe pagar y abonarla.
De esta manera será un juzgado el que decidirá el importe de la deuda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la Mancomunidad del Este.
El Ayuntamiento de Alcalá quiere saber por qué se ha tardado tanto tiempo en enviar el apremio de pago a esta ciudad. Las arcas municipales tienen ahora superávit y pueden hacer frente a la deuda, pero el alcalde quiere que se calcule la cantidad exacta judicialmente.
