La mañana fue dura el martes en la Puerta del Sol. El susto del día venía de la calle de Alcalá, muy cerca de la sede del Gobierno regional. La Guardia Civil había entrado, una vez más, en una consejería de la Comunidad de Madrid, y van,… poco antes de imputar al número dos de Medio Ambiente.
Apenas hubo cruces telefónicos y Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero, presentó su dimisión tras ser imputado por el caso ‘Púnica’, el mismo que mantiene a Francisco Granados desde hace más de dos años en la cárcel. Nadie sabe si Ruiz ha hecho algo malo, pero el código ético de la presidenta ya le ha condenado a la dimisión. No hay piedad.
Miguel Angel Ruiz es uno de los militantes del PP con amplia carrera política que aspiraba a más y se ha quedado en cuneta. Fue concejal de San Fernando de Henares una localidad en la que la izquierda era hegemónica y donde el PP llegó a estar cerca de gobernar en los tiempos en los que no había crisis.
Ruiz fue también jefe de Gabinete de la alcaldesa de Jerez el poco tiempo en el que el PP gobernó la ciudad. Parece que la imputación le viene de la época en la que mandaba en Arpegio, una empresa de la Comunidad de Madrid, situada bajo la tutela del hoy preso Francisco 'Paco' Granados.
Era hombre de confianza de Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente. Por un momento en Sol se temieron lo peor: que el juez fuera a por Taboada hombre del núcleo duro de Cifuentes y que fue señalado por Marjaliza, el amigo de Granados, como uno de los que recibía favores de la trama 'Púnica'.
Conocer que el objetivo era el número dos fue un alivio. Durante meses la situación de Taboaba ha sido muy dura. Era hombre de confianza de Granados y trabajaba en el plan Prisma, que repartía millones de euros en obras públicas durante los años de la abundancia. Granados ha amenazado con hacer daño y hasta la fecha no ha tirado contra el que era su hombre de confianza, el actual consejero de Medio Ambiente, cuya caída sería una duro golpe para Cristina Cifuentes.
Lo temían
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sabía que tarde o temprano iban a ir contra la presidenta. El primer aviso lo tuvieron cuando la Guardia Civil acudió a la Asamblea a buscar los contratos de adjudicación de la cafetería de la Cámara que le fue otorgada a Arturo Fernández. Cifuentes había presidido la mesa de adjudicación.
Nada más conocer la noticia de que la Guardia Civil implicaba a Cifuentes, la presidenta reunió a su gabinete de crisis entre los que estaban Ángel Garrido, y los letrados Manuel Quintanar y Carlos Moro. Redactaron un largo comunicado de cuatro folios en el que decían que el proceso de adjudicación de la ya famosa cafetería fue transparente y legal.
La segunda prueba de que la cafetería le iba a dar guerra fue la pregunta que le hizo Lorena Ruiz-Huerta en el Pleno de la Asamblea el mes de marzo y en la que la portavoz de Podemos le culpaba directamente de la adjudicación. En su respuesta se le vio visiblemente enojada.
El Gobierno temía que después del documento de la UCO que se publicó en los digitales viniera la imputación de la presidenta y hubo algunos momentos de tensión. Cuando llegó la aclaración, a media tarde, de que ni el juez ni el fiscal la iban a imputar se respiró.
Arturo Fernández tiene muchos líos y nunca esperaba que la ruinosa cafetería de la Asamblea le trajera problemas. Dejó la concesión porque estaba harto de perder dinero.
Tuvo bronca con los trabajadores a los que finalmente pagó todas las deudas, pero su problema principal vino cuando la Guardia Civil creyó que la concesión estaba relacionada con los más de 160.000 euros que había entregado como donación (“tengo todos los certificados”) a Fundescam, una fundación del PP.
Cifuentes tiene que responder todos los jueves a preguntas relacionadas con la corrupción. Es previsible que este jueves también tenga que contestar que ella no es responsable de lo que hayan hecho los gobiernos anteriores. El ambiente en el Gobierno, y entre los favorables, se hace cada ves más irrespirable. ¿Cuál será el próximo susto?
