La sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que avala la decisión de la Comunidad de Madrid de cesar al doctor Pedro de la Oliva como jefe de Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) del Hospital Universitario La Paz abre la puerta a que la planta vuelva a recuperar la normalidad. Tres semanas después de que la mayoría de su plantilla renunciara a sus contratos, la planta sigue cerrada a la espera de que el juzgado deje sin efecto la reincorporación del jefe de servicio.
El fallo del TSJM da un giro de 180 grados al caso. Una semana después de que el juzgado decretara su vuelta al hospital madrileño, esta decisión judicial obliga a Pedro de la Oliva a replantear su estrategia jurídica. Si quiere volver a sentarse en su despacho del Hospital de La Paz, la defensa tiene un plazo de treinta días interponer un recurso de casación, lo que supondría seguir presentando batalla en los tribunales.
Los abogados del jefe de la UCI pediátrica entienden que el fallo del Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de lo que ocurrió en el juzgado de lo contencioso-administrativo, se inhibe a la hora de valorar las causas últimas del conflicto de la UCIP, una cuestión "clave" que, a su juicio, explica el resultado final de la resolución judicial.
El fallo no valora el fondo del conflicto en la UCI
Según el auto del TSJM, los magistrados señalan que la "situación de conflictividad existente" en la unidad pediátrica, que no ha sido negada por ninguna de las partes, justifica un cambio en la apreciación "de las condiciones subjetivas que se tuvieron en cuenta" para nombrar a De la Oliva como jefe de servicio.
El tribunal concluye que el cargo ostentado hasta ahora por el profesional cesado reviste un carácter de "libre apreciación" por parte de la entidad que le designara para dicho puesto y, por tanto, avala el cese.
La defensa entiende, por tanto, que "si no se entran a valorar las causas del conflicto, no es posible entender que el Dr. de la Oliva actuó como lo hizo porque se estaban produciendo serios incumplimientos de seguridad por parte de determinados facultativos del Servicio".
Los letrados defienden que para que el tribunal pueda determinar si en su defendido concurren o no las necesarias habilidades para gestionar a su equipo, es necesario valorar el fondo el asunto y la base del conflicto laboral. Señalan que las decisiones y actuaciones del responsable de la UCI pediátrica estuvieron en todo momento motivadas por la necesidad de acabar con "un incremento alarmante de las tasas de infección, con el consiguiente riesgo para los pacientes y el posible aumento de la morbilidad y mortalidad".
"No existe acoso"
Sobre este supuesto, la defensa mantiene que "no ha podido acreditarse que la existencia de acoso". Dicha premisa quedó recogida en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, cuyo escrito concluye que "en el caso de autos no se está ante acoso laboral alguno de un jefe de servicio de la UCIP frente a sus facultativos subordinados, sino ante claros incumplimientos de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico".
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra a valorar las motivaciones primarias acreditadas por la dirección del hospital y por la Consejería de Sanidad para decretar el cese del doctor De la Oliva y, eso sí, recoge la premisa del juzgado de lo contencioso-administrativo.
Los magistrados entienden que "la valoración alternativa de los hechos" que ofrece la defensa, "no puede prevalecer frente a la situación de conflictividad existente en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos", ya que dichas circunstancias son "fundamento suficiente del acto de cese por un cambio en la apreciación de las condiciones subjetivas" del investigado que dieron lugar a su nombramiento como jefe de servicio.
Los abogados del doctor señalan que esta interpretación "supone un debilitamiento de la estructura jerárquica de todo Servicio complejo", ya que deja en manos de los subordinados la continuidad de su Jefe, incluso cuando son "aquellos los que estén incumpliendo la normativa y los protocolos de seguridad establecidos por el SERMAS".
Ahora queda por ver si la defensa transforma todas estas valoraciones en la base argumentativa de un futuro recurso de casación. En el lado opuesto, el futuro de la planta de pediatría depende de la vuelta del equipo de UCI que, en su mayoría, se acogió a una baja laboral o renunció a sus contratos tras darse a conocer que una decisión judicial permitía a Pedro de la Oliva volver al frente de la unidad.
Desde la Consejería de Sanidad informan que la UCI pediátrica de La Paz volverá a su completo funcionamiento en cuanto reciban la resolución del juzgado de lo contencioso-administrativo y deje sin efecto su readmisión cautelar. Al parecer, la vuelta del equipo médico se hará de forma progresiva, lo que podría retrasar la reapertura algunos días más.
En estos momentos, los pacientes que suelen ser ingresados en esta unidad están siendo atendidos a otras zonas del hospital (reanimación posquiruúrgica, hepatología y neonatología), por lo que tienen garantizada la asistencia, según detalla de Sanidad.
