"¿Cuál era su intención? ¿Pretendía interrumpir el normal desarrollo de la sesión del Congreso el pasado 25 de septiembre?". Dos preguntas dirigidas contra cada uno de los imputados que declararon ayer ante la Audiencia Nacional por haber promovido a través de las redes sociales las movilizaciones del 25-S sirvieron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para dar carpetazo a la primera causa judicial abierta contra este movimiento y, de paso, para dejar ver que las diligencias seguidas contra los 35 detenidos en los incidentes registrados aquel día tampoco tienen demasiado futuro en este tribunal. En su escrito, el juez critica a la Policía y justifica la existencia de las movilizaciones por "la convenida decadencia de la denominada clase política".
El juez acusa a la Policía de 'inflar' la peligrosidad de la convocatoria: "La gravedad aventurada no era tal"
En el auto de ocho folios en el que archiva la causa, Pedraz considera que los agentes que investigaron la convocatoria de la manifestación 'inflaron' la peligrosidad de las mismas desde el primer momento. "La gravedad aventurada por la Policía no era tal", llega a afirmar. De hecho, el escrito judicial es un auténtico rapapolvo contra los mandos policiales y, por extensión, al Ministerio del Interior, a los que llega incluso a acusar de cometer "un exceso en las funciones propias de la Policía Judicial" al intentar mezclar la causa contra los ocho promotores del 25-S con la que se sigue contra los arrestados tras los incidentes de la Plaza de Neptuno.
Pedraz, incluso, califica de "sorprendente" un informe de última hora entrega este mismo jueves en su juzgado por la Brigada Provincial de Información en el que cita a cinco de los 35 detenidos en aquellos incidentes como supuestos autores de un "delito contra las instituciones del Estado", y del que sugiere que era un último intento de Interior por hacer recaer la investigación de estos sucesos en la Audiencia Nacional.
Una "larga" sesión que no se vio afectada
Sin embargo, no es la Policía la única institución que aparece mencionada en los razonamientos jurídicos que esgrime para archivar la causa. En ellos, el juez destaca que en ningún momento la "larga" sesión del pasado 25 de septiembre se vio afectada por las movilizaciones convocadas a su puerta y, de hecho, reproduce las palabras que un diputado, que no identifica, realizó en ese pleno en ese sentido y que aparecen recogidas en el diario de sesiones.
No es la única referencia que hace a miembros de partidos. En otro punto del auto, en el que hace un alegato en defensa de la libertad de expresión de los manifestantes, llega a asegurar que "la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad" ampara este tipo de actos de protesta y llega a apuntar que los mismos estaban justificados por "la convenida decadencia de la denominada clase política".
Todo ello para concluir que los ocho promotores de la movilización no han cometido "delito alguno" y que, de hecho, su intención no era realmente "penetrar" en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Para respaldar estas conclusiones utiliza en varias ocasiones el acuerdo de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que autorizó la convocatoria y en el que se recogía textualmente que "la verdadera intención de la convocatoria es permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso de los Diputados".
Pedraz recuerda también que el aparato perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir --recalca-- que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio". Y añade que "puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria".
El auto del juez también hace constar que en ningún momento se impidió la entrada al hemiciclo a los diputados y destaca que "no se puede hacer responsables de delitos a los convocantes por actos realizados por terceras personas que se extralimiten", en referencia a los incidentes de la Plaza de Neptuno.
Decenas de personas en la calle
Esta intención pacífica de la convocatoria fue ratificada este jueves por los siete imputados que declararon ante Pedraz (un octavo se negó a entrar en la Audiencia Nacional al declararse "objetor" a las acusaciones que le hacían y permaneció en el exterior). Según señalaron a este diario los abogados que asistieron a los imputado, la toma de declaración de los siete que acudieron fue muy breve.
Sólo fueron necesario tres o cuatro minutos para que cada uno de ellos contestara a las dos preguntas casi idénticas que el magistrado les realizó. En algún caso, incluso, el juez redujo el interrogatorio a sólo una. En la mayoría de los casos, los imputados contestaron con un monosílabo para negar las acusaciones de querer entrar en el Congreso. Ni el fiscal ni las defensas plantearon más cuestiones. Sólo en el caso de una de las imputadas se extendió más la declaración, al hacer ésta un alegato contra la carga policial del pasado 25 de septiembre.
Sobre el mediodía, los siete salían a la calle con el auto que archivaba la causa en la mano y dando muestras de alegría. En los alrededores de la Audiencia Nacional les esperaban decenas de personas, trasladadas muchas de ellas desde otros lugares de España, que mostraban su apoyo con carteles y gritos que arrecieron cuando algunos de los promotores tomaron un megáfono para dirigir unas palabras.
Rafael Hernando llama a Pedraz "pijo ácrata"
Tras conocer la decisión del juez Pedraz, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de utilizar "las togas" y la Audiencia Nacional para hacer una "demagogia política" que calificó de "indecente". Tras considerar "cuestionable" la capacidad de su calidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva". En opinión del dirigente popular, es "indecente e inaceptable" que un magistrado de la Audiencia Nacional se pronuncie en "esos términos" sobre los representantes de la soberanía nacional, informa Europa Press.
