El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó convencer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que desconvocara el referéndum del 9 de noviembre ofreciéndole mayores beneficios fiscales en Cataluña. No le prometió un régimen fiscal propio -similar al concierto vasco o navarro, como pide Mas-, pero sí le dijo que “la economía de Cataluña resultará muy beneficiada con las próximas reformas que aprobará el Gobierno de la Nación, incluida la reforma fiscal y los planes de competitividad, así como medidas de activación para el empleo”. Ofreciendo más dinero a Cataluña, Rajoy intentaba que Mas no convocara finalmente el referéndum del 9N, cosa en la que es obvio que fracasó.
Así se infiere de la respuesta parlamentaria que el Gobierno ha remitido por escrito a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que le había preguntado por el contenido de las reuniones que Rajoy y Mas habían mantenido en la Moncloa. Díez preguntaba concretamente por la reunión que mantuvieron a bombo y platillo el pasado 30 de julio, pero es que además de esa cita oficial hubo otras entre ambos consideradas como secretas, aunque con el mismo contenido… y los mismos nulos resultados.
Esas citas secretas, posteriores a la del 30 de julio fueron las siguientes: primero, una conversación telefónica a principios de agosto –apenas unos días después del encuentro oficial en la Moncloa- en la que Mas le planteó a Rajoy “unas reflexiones” particulares sobre las relaciones entre España y Cataluña, y luego dos encuentros personales: uno el 29 de agosto y otro en la primera quincena de octubre, en una fecha aún no revelada pero que fuentes consultadas por Vozpópuli sitúan entre el 10 y el 15 de octubre, una veintena de días antes de simulacro de referendo nacionalista que finalmente se celebró el 9 de noviembre.
Ahora bien, además de esas citas en la cumbre para intentar aflojar tensión, ahora sabemos que también se produjeron otras entre los segundos escalones del Gobierno del Estado y del de la Generalitat. Estos otros encuentros también secretos y en múltiples bandas fueron propiciados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, por parte del Gobierno, y por parte catalana por Josep Antoni Duran i Lleida –como portavoz de CiU en el Congreso y líder de Unió Democrática de Cataluña- y por Jordi Xuclá –también diputado y representante de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido liderado por Artur Mas y socio de UDC en CiU-.
Las propuestas de Rajoy a Artur Mas
Ahora bien, en relación a las reuniones directas entre Rajoy y Mas, en su respuesta a Rosa Díez el Gobierno declara textualmente que el presidente del Gobierno le reiteró al presidente de la Generalitat su posición, en la misma línea que han marcado el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional, de que la consulta era ilegal.
Añade el gobierno que Rajoy le planteó la conveniencia de colaborar de forma más intensa en lo que, a su juicio, es la prioridad para todos: la consolidación de la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo, y “le advirtió sobre los riesgos que la inestabilidad política podría suponer al incipiente proceso de recuperación” económica.
El gobierno dice que a lo largo del encuentro, Rajoy le recordó a Mas las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para garantizar la financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, con el objetivo de "ayudarles a hacer frente a sus vencimientos, pagar a sus proveedores y mantener la atención que prestan a los ciudadanos".
Pero, además, con un evidente ánimo de contemporizar, Rajoy adelantó a Mas las líneas generales del nuevo paquete de apoyo económico a las Comunidades Autónomas que ultimaba entonces el Ejecutivo y que incluía –según le confesó- la reestructuración de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica “con un alivio de su carga de intereses y la reestructuración de las devoluciones negativas de las autonomías”.
Finalmente, el Gobierno afirma que Rajoy le comunicó a Mas "su convicción de que la economía de Cataluña resultará muy beneficiada con las próximas reformas que aprobará el Gobierno de la Nación, incluida la reforma fiscal y los planes de competitividad, así como medidas de activación para el empleo”.
Todo lo anterior se hizo para intentar frenar la convocatoria del referendo secesionista, pero no se consiguió parar ya ni siquiera con las promesas de una mejora sustancial en la financiación y, por lo tanto, en las cuentas públicas catalanas.
