Que Artur Mas abandone toda esperanza. No hay posibilidad alguna de que el referéndum anunciado ayer en público acto en la Generalitat vaya a celebrarse. Es ilegal, va contra la Constitución, violenta nuestro marco jurídico y, además, "fractura la sociedad y alienta la división". Con dureza, rotundidad y sin dejar lugar a interpretaciones confusas, respondió ayer el presidente del Gobierno al reto soberanista planteado desde Cataluña.
Pocas veces ha estado tan firme y severo el presidente del Gobierno al hablar sobre el desafío secesionista. Rajoy quiso tranquilizar a la sociedad en un mensaje muy claro y sin evasivas ni eufemismos. "Les garantizo que esa consulta es inconstitucional y no tendrá lugar", insistió una y otra vez. Se refirió a la "indisoluble unidad de la nación española", una expresión que no suele utilizar. Evitó referirse a los medios jurídicos que utilizará el Estado para evitarlo y una vez más apeló a la responsabilidad de Artur Mas para que actúe con sensatez.
El anuncio del plebiscito catalán había encontrado al Ejecutivo con el paso cambiado. Se esperaba que Artur Mas precalentara el ambiente en la entrevista que concederá el lunes a TV3 para, luego, concretar la consulta en los últimos días del año, tal y como había avanzado Francesc Homs. Pero Mas cedió a las presiones y las prisas de Junqueras y, tras dos días de intensas y discretas negociaciones, desveladas por Vozpópuli, quedó desatascado el embrollo.
"Tenemos un año por delante. El referéndum aún no se ha convocado y pueden pasar muchas cosas", manifestaba una fuente del Gobierno, que no quería ocultar su preocupación. Mariano Rajoy ha insistido hasta el hartazgo en que "lo que es irreformable es lo que dice la Constitución en los artículos 1 y 2". No va ni a autorizar ni a negociar una consulta que incurra en la ilegalidad. "El plebiscito no tiene ni futuro ni razón de ser. Tienen pregunta, tienen fecha pero no tendrán referéndum", concluía tajantemente esta fuente.
Invocación al "seny"
El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, subrayaba esta misma línea en los pasillos del Congreso. "La consulta no se celebrará, eso lo garantiza el Gobierno, porque con ella se pretende impedir que una parte de los españoles pueda decidir sobre algo que la Constitución les otorga, como es su propia integridad teritorial". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró más contemporizador y se limitó a invocar, entre ingenuo y heroico, el seny de los dirigenes catalanes. Duran Lleida por ejemplo reconocía ayer que "el Gobierno está en su derecho de frenar la consulta". Por si alguien tenía dudas.
"La pelota ahora está en el tejado del Estado", vino a decir el comunista Joan Herrera en la rueda de prensa de la Generalitat. El Gobierno se mueve ya hace tiempo por un itinerario previsto. Artur Mas acudirá al Congreso con su propuesta de referéndum, que será rechazada como en un Ibarretxe II. Recurrirá entonces a convocarla por la vía de la ley de consultas que elabora actualmente el Parlament. De ser así, el Gobierno, a través de la abogacía del Estado, presentará un recurso ante el Constitucional que, indudablemente, declarará la consulta no ajustada a la ley. Y fin del recorrido del invento independentista.
"Choque de trenes"
Llegados a este punto se abren ya todo tipo de posibilidades pero la opinión más compartida en la Moncloa descarta drásticamente la posibilidad del "choque de trenes" y se intuye un creciente distancimiento entre Mas y Junqueras y, paralelamente una aproximación de CiU al PSC. Y, finalmente, elecciones plebiscitarias en 2016, pasadas las generales. Es un escenario posible.
La rápida reacción de Rubalcaba, tras conocerse el paso al frente de Mas y sus aliados independentistas, ha sido muy bien valorada en el gobierno. El líder del PSOE se mostró totalmente firme en contra de la celebración de la consulta y envió un mensaje muy claro a Mas: "Se ha metido en un callejón sin salida". Rajoy y Rubalcaba van de la mano desde hace tiempo en el asunto catalán. Han conversado durante horas sobre este particular. Ambos coinciden en que la fórmula más deseable para una gestión razonable del problema pasaría por la concreción de la "sociovergencia", es decir, un gobierno bipartito entre CiU y PSC que enviaría a ERC al rincón del Parlament que le corresponde. Es decir, a la oposición en minoría.
Una pregunta nada clara
La relativa tranquilidad monclovita se sustenta también en la coincidencia de los últimos sondeos sobre la relación de un posible plebiscito. El pulso independentista se ha estancado o retrocedido en los últimos tiempos y se sitúa por el rasero de un 40 por ciento. La fórmula de la pregunta elegida, tan confusa, pese a que Mas la prometía "clara e inclusiva", invita incluso a la abstención. Y en cualquier caso, el voto en dos tiempos, el primero a favor de un Estado, sin concretar qué tipo de Estado, también tendría efectos más disuasorios que de adhesión. Nada que ver con la pregunta directa del referéndum escocés, "¿Desea usted la independencia de Escocia?, que era la reclamada por Junqueras.
